Cinismo inadmisible

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En virtud del alto desempleo de los jóvenes, ubicado entre 20% y 25%, la ANIF propone que los menores de 25 años puedan ser contratados con una remuneración mensual del 75% del salario mínimo como aprendices, para que en un año empiecen a recibir el 100%. Su director estima que con la medida el empresario gana porque tiene mayor mano de obra capacitada y el empleado también, porque va a tener una oportunidad de trabajar y mostrar sus habilidades.

La propuesta lleva a preguntar si se trata de un mal chiste que entraña un cinismo supino, por venir de una entidad que se caracteriza por realizar estudios serios y que representa un sector de la economía muy respetable y dinámico. Recientemente, la Superintendencia Financiera informó que las utilidades entre enero y junio del 2019 de las compañías del sector financiero alcanzaron la suma de 10,7 billones de pesos, lo que permite anticipar que su monto en todo el año va superar las del año anterior que algunos medios ubicaron en 24 billones. Utilidades originadas no solo por el gran diferencial entre las tasas de colocación y de captación sino, en buena parte, por los cobros en la prestación de servicios a los clientes que, en algunos casos, resultan realmente injustificados, como en los relacionados con la disposición del dinero por sus propietarios.

Nadie niega que deben adoptarse fórmulas para romper la tendencia en el crecimiento del desempleo. Lo que no es lógico y repugna a la razón es que el sacrificio en la búsqueda de esquemas para superar el problema se haga a costa de quienes apenas se integran a la sociedad como asalariados calificados. Por el contrario, el costo de la capacitación para desarrollar una labor específica debe asumirlo quien la contrata. El proceder en otra forma podría desencadenar un efecto de deterioro tipo dominó en el monto del salario de todos los trabajadores.

La mayoría de quienes cursan estudios superiores, los financian con un gran esfuerzo económico familiar y, en muchos casos, endeudándose también a nivel personal durante su etapa formativa, aspirando a que en el momento de su culminación puedan vincularse a actividades laborales que les permitan asumir con decencia un mejor vivir o al menos percibir lo básico para sobrevivir y cubrir las deudas contraídas. El nuevo egresado tiene unas habilidades personales generales que le permiten desempeñar un trabajo asociado a su especial profesión o técnica. Podría alegarse que existe deficiencia en su formación por las debilidades que presenta la educación en el país. Sin embargo, en este punto es donde el país debe poner sus ojos, para buscar soluciones drásticas. No es recortando el primer ingreso laboral del profesional, sino buscando mejorar la educación superior, en especial, la pública.

En esta cruzada, el sector privado también debe poner su grano de arena. Por ejemplo, el mismo centro de estudios debería dedicar parte de sus invaluables esfuerzos a valorar el impacto que produciría el destinar al menos un 25% de las utilidades del sector financiero a soportar el mejoramiento de la infraestructura y las herramientas de formación científica y tecnológica de las universidades y centros técnicos oficiales.

Con seguridad, encontraría como conclusión que este esfuerzo económico no solo estimularía a las empresas a crear nuevos cupos de empleo, sino también implicaría que la nueva fuerza laboral producida en esas condiciones, mejoraría en forma sustancial el rubro de beneficios de sus propietarios.

Envión contra el Estado de Derecho

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Las conductas corruptas en la Universidad Distrital de Bogotá asociadas al desvío de altas sumas de dinero a gastos personales, determinó el ejercicio de la legítima protesta de sus diferentes estamentos en la calle, demandando la pronta acción de las autoridades judiciales. A las razones se sumaron el riesgo en que el Esmad puso a los pacientes del San Ignacio y su ingreso abusivo al claustro de la Javeriana y de algunos policías, sin autorización, a la sede de la Pedagógica, cuando ya estaban presentes funcionarios judiciales en virtud de una desafortunada explosión, con lo que la inconformidad pasó a integrar miles de estudiantes de instituciones públicas y privadas quienes se manifestaron en forma pacífica durante un amplio espacio de tiempo.

Tras varias horas y ante el rechazo explícito de la gran mayoría, un grupo reducido de delincuentes se salió de madre y, en forma frenética, intentó incendiar el edificio del Icetex con personas adentro. Según se pudo observar en la televisión, al inicio de esta afrenta violenta, no se observó la intervención ahí si justificada del Esmad.

Lo sucedido ubica el debate público en el necesario equilibrio entre el ejercicio del derecho a la “protesta social” con el linde de la acción de control, prevención y represión del Estado. Sobre todo, cuando según lo ha expresado la Corte Constitucional: “…los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica son derechos autónomos de libertad que, además, se encuentran interrelacionados con los derechos a la libertad de expresión, de asociación y a la participación”. En el 2017, una Sentencia de inexequibilidad, afectó algunas normas del Código de Policía y dispuso sus efectos en forma diferida por dos legislaturas. El plazo venció el pasado 20 de junio, sin que el Ejecutivo acatara la orden y asumiera la responsabilidad de presentar al Congreso las nuevas disposiciones estatutarias. Solo en estos días, la Ministra del Interior mostró preocupación en esta materia y anunció que las impulsaría. La regulación del derecho de reunión y manifestación pública, así como los límites a la fuerza policial, no puede ignorar el marco constitucional del Estado Social de Derecho.

La coacción física debe ser proporcional, garantizar los derechos de los manifestantes y de las demás personas, no puede ser alocada y, ante todo, debe ejercerse en forma oportuna. Los hechos de los últimos días en Bogotá, evidencian que estos parámetros fueron olvidados.

Al anuncio gubernamental se sumó la propuesta de un representante del partido de gobierno de reformar la Carta para permitir que mediante referendo se puedan modificar Sentencias de la Corte Constitucional. Lo anterior denota una intención descarada de buscar modificar decisiones judiciales que dicho sector estima “incómodas” con el falso argumento de hacer valer el denominado “estado de opinión” que impulsa su líder. De prosperar esta idea, las conquistas que se han logrado en beneficio de las minorías en Colombia gracias a su desarrollo jurisprudencial, quedarían comprometidas y con posibilidades de desaparecer, sobre todo en puntos sensibles que de haber sido sometidos a la voluntad de la mayoría manipulada no habrían prosperado. Igualmente, los pronunciamientos de la guardiana del orden institucional, que han permitido desarrollar la defensa y protección de los derechos fundamentales, correrían grave peligro. Ante los enviones en contra de la Constitución, el país no puede ser indiferente, pues la voluntad real de sus patrocinadores no es otra distinta a la de sacrificar principios sagrados de la democracia colombiana.

Recursos para la educación superior pública

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La protesta generalizada que ha venido manifestándose a lo largo y ancho del país por parte de los diferentes estamentos educativos, frente a la crítica situación financiera que padecen las universidades públicas, no obedece a ninguna mafia o interés ilegal. Es el clamor legítimo de toda una sociedad porque se vuelva a mirar con seriedad a uno de los bastiones más importantes que ha soportado, con calidad, la formación de muchos profesionales colombianos.

De acuerdo con el informe, bien fundado, que pretendió terminar de exponer la estudiante de economía de la Universidad Nacional en el Congreso de la República, y que no pudo culminar por la limitación impuesta, en términos despectivos, por el Presidente del Senado, existe un déficit acumulado en el sector de tal magnitud (3,5 billones de pesos), que para el 2019, de no tomarse las medidas del caso para superarlo, estos establecimientos se verían enfrentados a grandes dificultades para asumir sus gastos de funcionamiento. En otras palabras, de no ser tomadas las soluciones urgentes por el Gobierno Nacional, a partir del próximo mes de enero podrían quedar paralizados.

Entre los cambios de la última reforma tributaria, se modificó la tributación de las cooperativas para que, a partir del año gravable 2017, respondan por un impuesto equivalente al 20 por ciento de sus excedentes determinados de acuerdo con la normatividad cooperativa vigente. Según indica, en forma expresa, el parágrafo 2 del Art. 19-4 del E.T. “El recaudo de la tributación sobre la renta de que trata este artículo se destinará a la financiación de la educación superior pública”. Por los años gravables 2017 y 2018, asumen el impuesto entregando una parte al Estado con esta finalidad, y destinando de forma autónoma el valor restante a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior pública. La distribución por el primero fue de 50 por ciento del impuesto para cada modalidad de pago, y por el segundo año la inversión autónoma será de 5 por ciento.

Para la fecha de publicación de esta columna, todas las personas jurídicas, incluidas las sometidas al RTE, han debido cumplir con la presentación y pago de sus impuestos de renta del 2017. Luego, la Dian ya tiene los insumos suficientes para cuantificar cuánto fue el recaudo con destinación específica a la educación superior pública que aportaron las entidades cooperativas, al pagar el 10 por ciento de sus excedentes durante este año. Si bien esta suma, de manera alguna alcanza para cubrir el gran déficit en el sector, sí sería conveniente que se informara al país no solo a cuanto dinero corresponde, sino, además, dónde están estos recursos y cuándo se va a cumplir el mandato de entregarlos al fin ordenado por el legislador.

Con el fin de aplacar la justificada protesta, el Ministerio de Hacienda anunció que, en el proyecto de ley de presupuesto, en trámite, se reasignarían 500.000 millones para la “educación superior pública”. Si embargo, este valor no es suficiente para superar su grave trance. Se impone hacer ajustes adicionales para atender los requerimientos que demandan los establecimientos de todo el territorio nacional, reorientando los recursos suficientes que impidan ver el año entrante el triste espectáculo de su cierre.

 

Periodismo y denuncias

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La libertad de prensa es pilar esencial de la democracia. La actividad del periodismo, no solo viabiliza la concreción de este bien supremo, sino que cumple una función social trascendental. Las conductas ilícitas normalmente se cometen de forma oculta, cubierta y secreta, para sacarle el quite a la sanciones que podrían aplicarse si fueran detectadas. Los hechos censurables, que de manera constante evidencian los medios hablados y escritos, integran un sinnúmero de ejemplos de uno de los papeles esenciales que cumplen los periodistas: no dejar que impere la impunidad y, por el contrario, lograr que brille la luz de la justicia con el condigno castigo a sus responsables.

Si no fuera por la actitud valiente y responsable de estos misioneros de la ‘libre expresión’, en Colombia no se tendría conocimiento de las acciones bárbaras de los auspiciadores y ejecutores de las masacres en campos y ciudades, de los máximos responsables de los horrendos asesinatos de personas inocentes, defensoras de derechos humanos, o simplemente incómodas para el régimen oficial de turno, de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia, del sucio y desleal uso los hackers en los debates electorales, y de las filtraciones de información reservada para ejercer de forma irresponsable la política a costa de la seguridad nacional. Tampoco se habría enterado la sociedad del abuso del poder en que se incurrió al propiciar, perseguir e interceptar a la Corte Suprema de Justicia por su firme decisión de castigar el paramilitarismo. Ni de la corrupción relacionada, entre otros eventos, con el descarado robo de los dineros de la salud, el fraude en el trámite a la reforma constitucional a la justicia, el asalto al tesoro público por los carruseles de la contratación, el desvergonzado intento de funcionarios del Ministerio Público de desconocer pruebas en contra de sindicados por asesinato, por el solo hecho de compartir sus convicciones políticas y religiosas.

El país enfrenta una triste realidad que parecía superada. Las personas que, de forma franca, presentan graves y soportadas denuncias a través de la prensa escrita, radial o televisiva, continúan siendo amedrentadas. Uno de los casos es el de la directora de noticias de RCN, quien informó el acoso sexual a cadetes por parte de oficiales de la Policía y tuvo el valor de publicar los descarnados testimonios de personas afectadas. Lo más grave de este sombrío ambiente y como una mala herencia del pasado, es que, en el suceso de Vicky Dávila, al parecer existen indicios sobre la participación de algunos servidores públicos.

Las autoridades tienen la obligación de proteger de manera efectiva a esta ilustre periodista, a su familia y a todos aquellos que asumen sin cobardía estas actitudes. Además, por el bien de nuestra democracia, deben desenmascarar a los culpables directos e intelectuales, para que sean juzgados y penados. Los colombianos no podemos continuar siendo testigos indiferentes de finales trágicos como los de Flor Alba Nuñez, en el Huila, y Luis Peralta Cuéllar, en el Caquetá. De conformidad con datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, en el 2014, 164 periodistas fueron amenazados en Colombia por su trabajo ‘inconveniente’ para ciertas personas. Ya es hora de que esta profesión deje de ser de ‘alta peligrosidad’ para quienes la ejercen con pulcritud y seriedad. Exijamos justicia para los que han sido asesinados o perseguidos, y rescatemos la decencia nacional al menos en este campo.

Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcotep@yahoo.com

 

Sin alharacas ni guachafitas

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La tranquilidad por la presencia del máximo jerarca de los católicos en Colombia, logró apaciguar los espíritus por unos cuantos días. Terminados los ecos de sus mensajes sobre perdón y reconciliación, volvió la intransigencia como pan de cada día.

Los medios dieron resonancia a lo sucedido en el Congreso de la República, en donde, en una audiencia pública, se levantó la protesta de un ‘ilustre’ representante a la Cámara por la presencia de un líder de las Farc, hasta el punto que, al borde del paroxismo, le increpaba, de manera desaforada, los peores calificativos. De esta forma, propició, desde la otra orilla, gritos igualmente fuertes sobre la ideología de quien así procedía.

Los comentaristas expresaron opiniones de diferente índole. Desde el reproche por haber convertido el recinto de los ‘padres de la patria’ en lugar de alharacas y guachafitas, hasta la de los ‘más dignos’ que estimaron la presencia del exguerrillero como una injusta provocación al establecimiento.

Lo cierto es que la confrontación que vivió el país por tantos años, así como su degradación, ocasionó heridas muy profundas, difíciles de sanar, pero no imposibles de superar. En todo el planeta han existido experiencias horrendas de guerras fratricidas. Sin embargo, la voluntad indeclinable de sus protagonistas sumada al esfuerzo colectivo, les permitió a los sectores enfrentados vencer la rabia y, en su lugar, aceptarse entre los contrarios, con iguales derechos a compartir los espacios y los caminos en paz para construir proyectos nacionales más fraternos y solidarios. El acuerdo de paz logrado con los insurrectos y que le puso fin al conflicto en nuestro país, constituye el acontecimiento histórico más importante que hayamos presenciado los colombianos en los últimos 50 años, y bien vale la pena el empeño necesario para que se consolide. Por ello, es censurable la ocurrencia de hechos como los referenciados.

Sobre todo, cuando quienes dejan aflorar sus resentimientos con las personas a las que el Estado les ha tendido la mano, asumen la doble moral de no llegar a sentir el menor reato de conciencia por compartir pupitre a pupitre, en el recinto de creación de la leyes, con individuos que han llegado a las curules sin tener mérito diferente al de haber utilizado las fortunas mal habidas de sus esposos (as), padres, hermanos y demás parientes, a partir de conductas sancionadas por el Código Penal que, incluso, aún se encuentran sub júdice y que, a pesar de poseer valiosas propiedades a través de testaferros, no han cumplido todavía las penas resarcitorias de pago de multas que les fueron impuestas.

A todos los ciudadanos les corresponde aceptar que aquellos que entregaron las armas hagan presencia en todos los escenarios del panorama nacional, pues el Estado así lo ha dispuesto al aceptarlos como civiles comunes y corrientes que merecen consideración y respeto. También les asiste el deber de ubicar el debate en el terreno de las ideas y los argumentos, en pro de un mejor futuro. Con la actitud para escuchar las reflexiones del contrario y plantear las propias, con altura, antes que caer en las ofensas personales. Así, con seguridad, se hace un mayor favor a la democracia y a la sociedad.

gcotep@yahoo.com

 

Fin a la tragedia del odio

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La generalidad de las religiones pregonan la existencia de un ser superior que insta a las personas a asumir conductas individuales y colectivas, guiadas por determinados parámetros morales que pretenden llevarlos por el camino del bien por oposición al del mal. Y en ese sendero correcto, juegan un papel fundamental los conceptos de caridad, misericordia, solidaridad, esperanza, respeto a la vida y a los demás, tolerancia, consideración con el niño, la mujer y el adulto mayor, perdonar las ofensas, etc.

Según un informe del Pew Research Center, centro de investigación con sede en Washington, el 79 por ciento de la población colombiana profesa la religión católica. Si la población total se acerca a 48,7 millones de habitantes, una suma aproximada de 39 millones forman parte de esta corriente, restando 9,7 millones que corresponden a los creyentes de otras enseñanzas, incluyendo las minorías de los agnósticos y los ateos.

Ante la gran influencia del catolicismo en Colombia, y sin menospreciar la incidencia de las demás creencias, que merecen igual respeto y consideración, y al margen de los dogmas infalibles que todas pregonan, se diría que los colombianos son consecuentes con los principios de su doctrina y que lo común es que asuman comportamientos acordes con el catálogo de las ideas éticas que pregonan. Sin embargo, lo que se observa a lo largo y ancho del país, es una hipocresía generalizada. En el acontecer diario somos testigos de la constante falta de coherencia entre lo que se hace y lo que se afirma creer, a pesar de la asistencia regular, masiva y devota a los cultos sabatinos y dominicales.

Hay que reconocer que, a pesar de la presencia de los diferentes credos, la historia de Colombia ha estado marcada por injusticias, odio y violencia, propios de un circulo vicioso que ha perpetuado dolor y venganza, al igual que una tragedia griega que se extiende de forma indefinida en el tiempo, como si no pudiera tener un final feliz. Para fortuna de todos, hoy estamos ante una realidad diferente: ha cesado el ruido ensordecedor de una gran cantidad de armas que durante mucho tiempo inundaron de aflicción y llanto a miles de hogares colombianos. No se puede negar que aún queda un camino arduo por recorrer. Falta introducir, en el sistema social y político, los cambios necesarios para que los factores estructurales determinantes de las inequidades sociales se superen y no existan más excusas que lleven a reanudar el funcionamiento del aparato de la guerra.

A lo anterior se debe sumar un denodado empeño para poner fin a la ‘tragedia del odio’, pues hay que aceptar que existe una especie de ceguera crónica en algunos, que les impide salir de este escenario y aceptar que nada justifica prolongar los resentimientos por las ofensas del pasado. Los mayores de hoy no pueden negarle a las generaciones futuras una convivencia pacífica que les permita crecer en un medio diferente al que les correspondió vivir.

La presencia en Colombia del máximo jerarca de la Iglesia Católica ha sido ambientada por un llamado a la ‘paz’ y al ‘perdón’. Sus 39 millones de seguidores deberían aprovechar esta ocasión para reflexionar sobre la necesidad de aplicar lo que profesan. Al margen de la visita, todos los colombianos, católicos y no católicos, deben vaciar su corazón de odio, para llenarlo de perdón, y así dedicar todos los esfuerzos a la construcción de un nuevo país en paz.

Exdirector de la DIAN
gcotep@yahoo.com

 

Causa común por valores sagrados

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A pesar de los presagios pesimistas de algunos, hay que reconocer que la firme marcha hacia una paz estable y duradera es una realidad de avances incuestionables.

El cumplimiento de la palabra empeñada por parte de las Farc al disponer y mantener el cese bilateral del fuego, proceder a concentrar sus fuerzas y a desarmarse, y el correlativo recibo del armamento por parte de los delegados de la ONU, dejaron con los crespos hechos a quienes al borde del paroxismo guerrerista anticipaban a los cuatro vientos la ausencia de seriedad de los insurrectos y el fracaso del proceso.

El segundo informe presentado el 19 de julio pasado por la Iniciativa Unión por la Paz, ‘Cómo va la paz’, de la Fundación Paz & Reconciliación, confirma que 7.132 armas fueron entregadas por los 6.800 guerrilleros, es decir, que en promedio por hombre se entregaron más armas que en el caso de los paramilitares y que en cualquier otro proceso de paz en el mundo.

Igualmente, señala que fueron reportadas las coordenadas de 949 caletas para su desmonte. Advierte sobre los avances en el desminado humanitario que conlleva 8 municipios libres de este maldito flagelo y la intervención priorizada de 312 municipios, la celebración de acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos con influencia en alrededor de 80.000 familias y 65.000 hectáreas, y la salvación de más de 3.000 personas de morir o quedar heridas.

Una parte del país se ha mostrado indiferente a estos acontecimientos. A pesar de su contundencia, prefieren continuar haciendo eco de las mentiras y verdades a medias divulgadas en redes sociales de manera sistemática y con claros propósitos políticos. Mensajes combinados con calumnias e injurias.

Durante casi ocho años, los colombianos han sido forzados a presenciar el espectáculo más grotesco de expresiones de odio y pasiones desalmadas y, lo más grave, varios han dejado anidar en sus corazones el triste reflejo de ello.

Ad portas de las elecciones del 2018, Colombia aparece adolorida y maltratada por el último incidente en contra del periodista Daniel Samper Ospina, el cual, para bien de nuestra sociedad, deberá dirimirse en los estrados judiciales según lo ha manifestado el agredido.

Ante esta conducta penal, la generalidad de los periodistas de los diferentes medios de comunicación reaccionaron en forma firme y unificada para rodearlo de solidaridad, pero sobre todo, hicieron un llamado a un punto final para que terminen esta clase de conductas que denotan, en sus protagonistas, la ausencia del más mínimo respeto por la libertad de prensa y de expresión, que son garantía de nuestra democracia.

Cuando el país se enfrenta a la necesidad de continuar materializando los acuerdos de La Habana que, según la misma Fundación, benefician a las Farc en un 10% y en un 90% a todos, porque son planes que atacan las causas estructurales del conflicto, a la urgencia de que el Estado haga presencia efectiva en las zonas más afectadas por la guerra en donde esta organización era “Dios y ley” en el pasado, y de hacer causa común para enfrentar la peste de la corrupción pública que se ha visibilizado más que en otras épocas por la ardua labor de la prensa nacional; la voz al unísono de los periodistas es un ejemplo de cómo, al margen de sus propias convicciones ideológicas, las personas pueden hacer causa común por la defensa de valores sagrados de nuestro país que trascienden a los individuos.

Exdirector de la DIAN
gcotep@yahoo.com

 

Para no tomar a la ligera

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Recientemente, asistí a un evento convocado por una importante compañía de seguros con amplia presencia en el mercado nacional, en el cual fueron presentados a un grupo de sus clientes, entre otros temas, el de ‘la protección de datos personales’, definidos como cualquier información vinculada, o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. La exposición fue impactante y afectó a los asistentes con una profunda preocupación, ante la ausencia generalizada de conciencia sobre su importancia y los evidentes riesgos que esta figura deriva para las empresas.

Nuestra Constitución ha sido explícita al rodear de especial cuidado el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, y al exigir que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se deban respetar la libertad y demás garantías en ella consagradas. El tema ha tenido amplio desarrollo en la Comunidad Europea desde hace varios años. En Colombia, se asumió en el 2008 cuando se expidieron las primeras normas. Pero solo hasta el 2012 fue regulado de forma completa, incluyendo en su cobertura la responsabilidad para la totalidad de las entidades públicas y privadas de los diferentes sectores y sus deberes, así como señalando los derechos que se reconocen a los titulares de los datos.

Al considerar la ley como ‘responsables del tratamiento’, a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos, termina asignando a las organizaciones, la obligación de asumir la construcción de una política de gestión de la protección de la información personal que es recaudada en virtud de las diferentes actividades del negocio, extendiendo dicho deber, a aquella que arriba a sus bases de datos, desde los diferentes actores y colaboradores internos y externos que intervienen en sus cadenas productivas y canales utilizados para llegar al cliente final.

En este contexto, a más tardar el próximo mes de noviembre, las empresas deberán registrar cada una de sus bases que contengan datos personales sujetos a tratamiento, en el Registro Nacional de Bases de Datos que administra la Superintendencia de Industria y Comercio, junto con las políticas de tratamiento de la información que obligan a los ‘responsables’ y ‘encargados’, en la respectiva organización. Lo cierto es que la mayoría de los empresarios están en mora de estructurar dicha política, tarea que demanda un esfuerzo especializado de varios meses.

El incumplimiento de los deberes legales en este campo pueden conllevar multas personales e institucionales hasta de $1’378,9 millones, y medidas como la suspensión temporal o definitiva del uso de las bases de datos. Por su parte, el delito de la violación de datos personales que involucra una amplia descripción de conductas típicas, implica prisión de 48 a 96 meses y multa de 100 a 1000 salarios mínimos mensuales. Todo lo anterior, sin perjuicio de los gravosos riesgos económicos que pueden derivar por demandas civiles, contractuales y extracontractuales, que lleguen a presentar los titulares de la información que resulten afectados. Como señaló el conferencista al final de su intervención: «Afortunadamente, para las organizaciones en el país, el público no se ha enterado debidamente de sus derechos, pero pronto será muy tarde».

Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcotep@yahoo.com

 

Séptima papeleta por la paz

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La sociedad colombiana ha sido testigo paciente de la evolución de los diálogos de paz con las Farc durante casi tres años. No se puede negar que se han dado importantes avances, aunque los temas cruciales para la finalización del conflicto aún se encuentran pendientes de acuerdo.
Presupuesto esencial para este proceso fue el de no suspender la confrontación armada. A pesar de lo anterior, las Farc decretó de forma unilateral una tregua y, posteriormente, el presidente Santos suspendió los bombardeos a sus campamentos. Para dicho momento, a pesar de algunas voces aisladas, existía un nivel de optimismo general sobre que la luz de la paz podría estar cerca.
Culminada la tregua y reanudados los bombardeos por parte de las fuerzas del orden, los resultados son dolorosos. La pérdida de vidas humanas de ambos bandos es significativa. Los ataques a la infraestructura petrolera y eléctrica han afectado de manera sustancial varias zonas del país. Los daños a oleoductos y camiones con petróleo, han producido una consecuencia desastrosa e imperdonable: la destrucción del medioambiente. Tristemente, se han contaminado quebradas y ríos que surten del líquido esencial a la sociedad civil de importantes comunidades, pueblos y ciudades del suroccidente colombiano, que no debería resultar afectada por una guerra sin razón.
A pesar de lo anterior, y de acuerdo con informes oficiales, no puede perderse de vista que las acciones de las Farc no tienen hoy la contundencia y cobertura de hace algunos años, cuando poseían presencia en más de 250 municipios del país. Hoy, las fuerzas militares las han limitado a no más de 50 municipios. A pesar de este hecho, el conflicto evidencia unas consecuencias colaterales a todas luces injustificadas e irracionales.
Los colombianos aspiramos a una nación sin polarizaciones ni posiciones irreconciliables. Con oportunidades de educación de calidad y salud digna para todos. Con la aceptación de la diferencia, sin tener que matarnos porque se piensa distinto. Donde exista la conciencia de no hacerle a alguien lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Con autoridades que tengan presente el interés común y la vigencia del derecho, antes que el lucro individual o el favorecimiento de intereses particulares a cambio de dineros corruptos. Con una democracia fuerte, en la que solamente tenga juego la confrontación de las ideas y bajo ninguna manera la de las armas. Con acciones conjuntas para hacerla cada vez más justa e igualitaria. Este sueño no es una quimera inalcanzable. Es absolutamente posible, en la medida en que todos apuntemos hacia esos fines. Y naturalmente, el esfuerzo en este sentido pasa por la culminación exitosa de los diálogos y la anhelada paz.
La generalidad del pueblo colombiano se encuentra apesadumbrado y estima maltratada su esperanza. Por ello, ha tomado cada vez mayor espacio en la opinión pública, el establecer una fecha máxima para que culminen los diálogos.
Como se ha indicado por diferentes actores políticos, una ‘séptima papeleta’ en las elecciones de octubre, podría convalidar este grito del pueblo colombiano, al cual nos sumamos porque, por el bien de la patria, ya es hora de que los comandantes guerrilleros en La Habana hagan un esfuerzo mayor por concretar un pronto resultado.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcotep@yahoo.com