Competencias usurpadas

La base gravable en el régimen se establece tomando los ingresos y restando los egresos y las inversiones efectuadas durante el período gravable.

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Respuestas tributarias al paro

Lo que se apruebe de la reforma tributaria en el Congreso requiere control de la Dian para evitar mayores pérdidas recaudatorias.

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Sintonía urgente

En el frente interno, el panorama deja mucho que desear por el reiterado y triste espectáculo de ilustres funcionarios

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Caprichos gubernamentales

Las filtraciones de la comisión de ponentes permiten estimar que al texto presentado van a introducirle varios cambios.

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No más pupitrazos legislativos

A la Corte le queda pendiente resolver los demás procesos en los que se han impugnado contenidos puntuales. Leer más

Cinismo inadmisible

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En virtud del alto desempleo de los jóvenes, ubicado entre 20% y 25%, la ANIF propone que los menores de 25 años puedan ser contratados con una remuneración mensual del 75% del salario mínimo como aprendices, para que en un año empiecen a recibir el 100%. Su director estima que con la medida el empresario gana porque tiene mayor mano de obra capacitada y el empleado también, porque va a tener una oportunidad de trabajar y mostrar sus habilidades.

La propuesta lleva a preguntar si se trata de un mal chiste que entraña un cinismo supino, por venir de una entidad que se caracteriza por realizar estudios serios y que representa un sector de la economía muy respetable y dinámico. Recientemente, la Superintendencia Financiera informó que las utilidades entre enero y junio del 2019 de las compañías del sector financiero alcanzaron la suma de 10,7 billones de pesos, lo que permite anticipar que su monto en todo el año va superar las del año anterior que algunos medios ubicaron en 24 billones. Utilidades originadas no solo por el gran diferencial entre las tasas de colocación y de captación sino, en buena parte, por los cobros en la prestación de servicios a los clientes que, en algunos casos, resultan realmente injustificados, como en los relacionados con la disposición del dinero por sus propietarios.

Nadie niega que deben adoptarse fórmulas para romper la tendencia en el crecimiento del desempleo. Lo que no es lógico y repugna a la razón es que el sacrificio en la búsqueda de esquemas para superar el problema se haga a costa de quienes apenas se integran a la sociedad como asalariados calificados. Por el contrario, el costo de la capacitación para desarrollar una labor específica debe asumirlo quien la contrata. El proceder en otra forma podría desencadenar un efecto de deterioro tipo dominó en el monto del salario de todos los trabajadores.

La mayoría de quienes cursan estudios superiores, los financian con un gran esfuerzo económico familiar y, en muchos casos, endeudándose también a nivel personal durante su etapa formativa, aspirando a que en el momento de su culminación puedan vincularse a actividades laborales que les permitan asumir con decencia un mejor vivir o al menos percibir lo básico para sobrevivir y cubrir las deudas contraídas. El nuevo egresado tiene unas habilidades personales generales que le permiten desempeñar un trabajo asociado a su especial profesión o técnica. Podría alegarse que existe deficiencia en su formación por las debilidades que presenta la educación en el país. Sin embargo, en este punto es donde el país debe poner sus ojos, para buscar soluciones drásticas. No es recortando el primer ingreso laboral del profesional, sino buscando mejorar la educación superior, en especial, la pública.

En esta cruzada, el sector privado también debe poner su grano de arena. Por ejemplo, el mismo centro de estudios debería dedicar parte de sus invaluables esfuerzos a valorar el impacto que produciría el destinar al menos un 25% de las utilidades del sector financiero a soportar el mejoramiento de la infraestructura y las herramientas de formación científica y tecnológica de las universidades y centros técnicos oficiales.

Con seguridad, encontraría como conclusión que este esfuerzo económico no solo estimularía a las empresas a crear nuevos cupos de empleo, sino también implicaría que la nueva fuerza laboral producida en esas condiciones, mejoraría en forma sustancial el rubro de beneficios de sus propietarios.

Envión contra el Estado de Derecho

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Las conductas corruptas en la Universidad Distrital de Bogotá asociadas al desvío de altas sumas de dinero a gastos personales, determinó el ejercicio de la legítima protesta de sus diferentes estamentos en la calle, demandando la pronta acción de las autoridades judiciales. A las razones se sumaron el riesgo en que el Esmad puso a los pacientes del San Ignacio y su ingreso abusivo al claustro de la Javeriana y de algunos policías, sin autorización, a la sede de la Pedagógica, cuando ya estaban presentes funcionarios judiciales en virtud de una desafortunada explosión, con lo que la inconformidad pasó a integrar miles de estudiantes de instituciones públicas y privadas quienes se manifestaron en forma pacífica durante un amplio espacio de tiempo.

Tras varias horas y ante el rechazo explícito de la gran mayoría, un grupo reducido de delincuentes se salió de madre y, en forma frenética, intentó incendiar el edificio del Icetex con personas adentro. Según se pudo observar en la televisión, al inicio de esta afrenta violenta, no se observó la intervención ahí si justificada del Esmad.

Lo sucedido ubica el debate público en el necesario equilibrio entre el ejercicio del derecho a la “protesta social” con el linde de la acción de control, prevención y represión del Estado. Sobre todo, cuando según lo ha expresado la Corte Constitucional: “…los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica son derechos autónomos de libertad que, además, se encuentran interrelacionados con los derechos a la libertad de expresión, de asociación y a la participación”. En el 2017, una Sentencia de inexequibilidad, afectó algunas normas del Código de Policía y dispuso sus efectos en forma diferida por dos legislaturas. El plazo venció el pasado 20 de junio, sin que el Ejecutivo acatara la orden y asumiera la responsabilidad de presentar al Congreso las nuevas disposiciones estatutarias. Solo en estos días, la Ministra del Interior mostró preocupación en esta materia y anunció que las impulsaría. La regulación del derecho de reunión y manifestación pública, así como los límites a la fuerza policial, no puede ignorar el marco constitucional del Estado Social de Derecho.

La coacción física debe ser proporcional, garantizar los derechos de los manifestantes y de las demás personas, no puede ser alocada y, ante todo, debe ejercerse en forma oportuna. Los hechos de los últimos días en Bogotá, evidencian que estos parámetros fueron olvidados.

Al anuncio gubernamental se sumó la propuesta de un representante del partido de gobierno de reformar la Carta para permitir que mediante referendo se puedan modificar Sentencias de la Corte Constitucional. Lo anterior denota una intención descarada de buscar modificar decisiones judiciales que dicho sector estima “incómodas” con el falso argumento de hacer valer el denominado “estado de opinión” que impulsa su líder. De prosperar esta idea, las conquistas que se han logrado en beneficio de las minorías en Colombia gracias a su desarrollo jurisprudencial, quedarían comprometidas y con posibilidades de desaparecer, sobre todo en puntos sensibles que de haber sido sometidos a la voluntad de la mayoría manipulada no habrían prosperado. Igualmente, los pronunciamientos de la guardiana del orden institucional, que han permitido desarrollar la defensa y protección de los derechos fundamentales, correrían grave peligro. Ante los enviones en contra de la Constitución, el país no puede ser indiferente, pues la voluntad real de sus patrocinadores no es otra distinta a la de sacrificar principios sagrados de la democracia colombiana.

Recursos para la educación superior pública

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La protesta generalizada que ha venido manifestándose a lo largo y ancho del país por parte de los diferentes estamentos educativos, frente a la crítica situación financiera que padecen las universidades públicas, no obedece a ninguna mafia o interés ilegal. Es el clamor legítimo de toda una sociedad porque se vuelva a mirar con seriedad a uno de los bastiones más importantes que ha soportado, con calidad, la formación de muchos profesionales colombianos.

De acuerdo con el informe, bien fundado, que pretendió terminar de exponer la estudiante de economía de la Universidad Nacional en el Congreso de la República, y que no pudo culminar por la limitación impuesta, en términos despectivos, por el Presidente del Senado, existe un déficit acumulado en el sector de tal magnitud (3,5 billones de pesos), que para el 2019, de no tomarse las medidas del caso para superarlo, estos establecimientos se verían enfrentados a grandes dificultades para asumir sus gastos de funcionamiento. En otras palabras, de no ser tomadas las soluciones urgentes por el Gobierno Nacional, a partir del próximo mes de enero podrían quedar paralizados.

Entre los cambios de la última reforma tributaria, se modificó la tributación de las cooperativas para que, a partir del año gravable 2017, respondan por un impuesto equivalente al 20 por ciento de sus excedentes determinados de acuerdo con la normatividad cooperativa vigente. Según indica, en forma expresa, el parágrafo 2 del Art. 19-4 del E.T. “El recaudo de la tributación sobre la renta de que trata este artículo se destinará a la financiación de la educación superior pública”. Por los años gravables 2017 y 2018, asumen el impuesto entregando una parte al Estado con esta finalidad, y destinando de forma autónoma el valor restante a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior pública. La distribución por el primero fue de 50 por ciento del impuesto para cada modalidad de pago, y por el segundo año la inversión autónoma será de 5 por ciento.

Para la fecha de publicación de esta columna, todas las personas jurídicas, incluidas las sometidas al RTE, han debido cumplir con la presentación y pago de sus impuestos de renta del 2017. Luego, la Dian ya tiene los insumos suficientes para cuantificar cuánto fue el recaudo con destinación específica a la educación superior pública que aportaron las entidades cooperativas, al pagar el 10 por ciento de sus excedentes durante este año. Si bien esta suma, de manera alguna alcanza para cubrir el gran déficit en el sector, sí sería conveniente que se informara al país no solo a cuanto dinero corresponde, sino, además, dónde están estos recursos y cuándo se va a cumplir el mandato de entregarlos al fin ordenado por el legislador.

Con el fin de aplacar la justificada protesta, el Ministerio de Hacienda anunció que, en el proyecto de ley de presupuesto, en trámite, se reasignarían 500.000 millones para la “educación superior pública”. Si embargo, este valor no es suficiente para superar su grave trance. Se impone hacer ajustes adicionales para atender los requerimientos que demandan los establecimientos de todo el territorio nacional, reorientando los recursos suficientes que impidan ver el año entrante el triste espectáculo de su cierre.

 

Periodismo y denuncias

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La libertad de prensa es pilar esencial de la democracia. La actividad del periodismo, no solo viabiliza la concreción de este bien supremo, sino que cumple una función social trascendental. Las conductas ilícitas normalmente se cometen de forma oculta, cubierta y secreta, para sacarle el quite a la sanciones que podrían aplicarse si fueran detectadas. Los hechos censurables, que de manera constante evidencian los medios hablados y escritos, integran un sinnúmero de ejemplos de uno de los papeles esenciales que cumplen los periodistas: no dejar que impere la impunidad y, por el contrario, lograr que brille la luz de la justicia con el condigno castigo a sus responsables.

Si no fuera por la actitud valiente y responsable de estos misioneros de la ‘libre expresión’, en Colombia no se tendría conocimiento de las acciones bárbaras de los auspiciadores y ejecutores de las masacres en campos y ciudades, de los máximos responsables de los horrendos asesinatos de personas inocentes, defensoras de derechos humanos, o simplemente incómodas para el régimen oficial de turno, de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia, del sucio y desleal uso los hackers en los debates electorales, y de las filtraciones de información reservada para ejercer de forma irresponsable la política a costa de la seguridad nacional. Tampoco se habría enterado la sociedad del abuso del poder en que se incurrió al propiciar, perseguir e interceptar a la Corte Suprema de Justicia por su firme decisión de castigar el paramilitarismo. Ni de la corrupción relacionada, entre otros eventos, con el descarado robo de los dineros de la salud, el fraude en el trámite a la reforma constitucional a la justicia, el asalto al tesoro público por los carruseles de la contratación, el desvergonzado intento de funcionarios del Ministerio Público de desconocer pruebas en contra de sindicados por asesinato, por el solo hecho de compartir sus convicciones políticas y religiosas.

El país enfrenta una triste realidad que parecía superada. Las personas que, de forma franca, presentan graves y soportadas denuncias a través de la prensa escrita, radial o televisiva, continúan siendo amedrentadas. Uno de los casos es el de la directora de noticias de RCN, quien informó el acoso sexual a cadetes por parte de oficiales de la Policía y tuvo el valor de publicar los descarnados testimonios de personas afectadas. Lo más grave de este sombrío ambiente y como una mala herencia del pasado, es que, en el suceso de Vicky Dávila, al parecer existen indicios sobre la participación de algunos servidores públicos.

Las autoridades tienen la obligación de proteger de manera efectiva a esta ilustre periodista, a su familia y a todos aquellos que asumen sin cobardía estas actitudes. Además, por el bien de nuestra democracia, deben desenmascarar a los culpables directos e intelectuales, para que sean juzgados y penados. Los colombianos no podemos continuar siendo testigos indiferentes de finales trágicos como los de Flor Alba Nuñez, en el Huila, y Luis Peralta Cuéllar, en el Caquetá. De conformidad con datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, en el 2014, 164 periodistas fueron amenazados en Colombia por su trabajo ‘inconveniente’ para ciertas personas. Ya es hora de que esta profesión deje de ser de ‘alta peligrosidad’ para quienes la ejercen con pulcritud y seriedad. Exijamos justicia para los que han sido asesinados o perseguidos, y rescatemos la decencia nacional al menos en este campo.

Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcotep@yahoo.com