Toda la sociedad terminará pagando los platos rotos derivados del Plan Nacional de Desarrollo

Publicado en www.actualicese.com el 9 de abril de 2019

Gustavo Cote, exdirector de la Dian se lanza en ristre contra la Ley de financiamiento y el PND. Afirma que este último es sinónimo de las políticas de improvisación del Gobierno, y que la flexibilización de la regla fiscal genera dudas sobre los problemas fiscales que puede tener Colombia.

En entrevista con Actualícese, Gustavo Humberto Cote Peña, exdirector general de la Dian dijo que no se puede perder de vista el efecto nocivo que puede llegar a originar una sentencia desfavorable en la Corte Constitucional de toda la Ley 1493 de 2018 por el sinnúmero de irregularidades cometidas en su aprobación.

 

¿Está claro que en dos años se discutirá una nueva reforma tributaria?

La necesidad de someter al país a una nueva reforma tributaria es un hecho en el que diferentes centros de análisis y expertos en la materia coinciden, máxime cuando no solo se enfrenta la cruda realidad de las dificultades fiscales para los años 2020 y siguientes (dado que la reforma del 2018 solo resolvió el problema de recursos adicionales por el 2019), sino también la triste verdad de que contempló una serie de privilegios que con seguridad incidirán en el deterioro de los recaudos tributarios en tales años. A lo anterior se suman las medidas de carácter similar que se han venido incluyendo en el Plan de Desarrollo en trámite en el Congreso.

En el panorama no se puede perder de vista el efecto nocivo que puede llegar a originar una sentencia desfavorable en la Corte Constitucional de toda la Ley 1493 de 2018 ante el sinnúmero de irregularidades cometidas en su trámite de aprobación, en contravía de las normas constitucionales, la Ley 5 y la jurisprudencia de dicha corporación. En este proceso, tanto el Gobierno nacional como sus abanderados en el Congreso de la República actuaron de forma irresponsable frente al país.

En ese tiempo ¿podría verse afectada la calificación crediticia del país?

El Gobierno ha optado por el camino de flexibilizar la regla fiscal para acudir a un mayor déficit fiscal en los años 2019 y 2020, lo cual justificó en la migración venezolana. Esta decisión no deja de generar dudas sobre la existencia de los problemas fiscales, realidad evidente que se desprende de la previsible dificultad en la obtención de recaudos tributarios señalada. Faltará ver si se materializa una prudente austeridad en el gasto público, para equilibrar las cargas y evitar que se llegue a una situación negativa en la calificación crediticia.

Se ha dicho que se deben evaluar las exenciones tributarias que con el tiempo se les han dado a empresas a través de las reformas. El PND también las contempla. ¿Qué opina?

“El Plan Nacional de Desarrollo es el homenaje que el actual Gobierno hace a su principal característica: enviar mensajes de improvisación en sus políticas”

 

El Plan Nacional de Desarrollo es el homenaje que el actual Gobierno hace a su principal característica: enviar mensajes de improvisación en sus políticas. Desde los primeros días de su presentación a consideración del Congreso, el país fue testigo de cómo el presidente, a través de Twitter, introdujo varios cambios a la plana que habían preparado sus funcionarios (eliminación de subsidios de energía a estratos 1, 2 y 3, y aumento de la base de liquidación de aportes a la seguridad social de independientes).

Una vez iniciado el debate, se convirtió en un verdadero aquelarre, en el cual, empezando por los ministros del despacho y continuando por varios sectores del Congreso, vieron la oportunidad, los primeros, de arreglar metidas de pata en el trámite de otras leyes(derogatoria de exención de aportes de pensiones y cuentas AFC); y los segundos, la de favorecer determinados intereses particulares.

Hacia el 8 de abril de 2019, su contenido inicial de 182 artículos ha pasado en el Congreso, y con la anuencia del Gobierno, a un número de disposiciones que supera el doble de los que integraban el proyecto en un principio. Uno se pregunta: ¿dónde está la actitud responsable del veedor de la hacienda pública, valorando el costo que representan las medidas que establecen beneficios o privilegios en él introducidas? Pareciera ser que, al igual que en la reforma tributaria de 2018, en esta ocasión tampoco aparecerán los cálculos del caso. Lo triste es que toda la sociedad terminará pagando los platos rotos derivados de esta nueva ley.

¿Cuáles temas de la Ley de financiamiento se deben reglamentar pronto?

Realmente son casi todos los temas de la reforma tributaria los que se encuentran pendientes de una pronta reglamentación. Entre ellos se destacan los relativos al impuesto al consumo de bienes inmuebles, a las conciliaciones judiciales y los procesos de terminación por mutuo acuerdo, a la aplicación del principio de favorabilidad en los procesos de cobro, y al régimen SIMPLE, el cual ya cuenta con un proyecto de decreto reglamentario.

 

Aclaración oportuna, pero insuficiente

Para beneficio del orden jurídico y claridad de los obligados, debe procederse con carácter urgente a su revocación.

 

Artículo publicado en portafolio.co

 

La reforma tributaria adoptó el respaldo legal que permitirá el ajuste a los sistemas de facturación electrónica, para introducir el cambio a su “validación previa” por parte de la Dian. También agregó que los documentos de las máquinas registradoras POS, no dan derecho a impuestos descontables, ni a costos y deducciones. En contraste, y en norma posterior, dispuso que el Gobierno Nacional reglamentará los requisitos, condiciones y procedimientos del Art. 616-1 del E.T., regulador de la factura o documento equivalente, incluida la facturación electrónica.

Sin supeditar a dicha reglamentación preceptuó, además, que seguían siendo válidos los documentos equivalentes como soportes, comprendido el del sistema POS, y señaló que a partir del 01-01-2020 y para cada uno de los años 2020, 2021 y 2022, aplicarán porcentajes diferentes (30, 20 y 10 por ciento), como máximos que podrán soportarse sin factura electrónica. Solo a partir del 2023, todos los descontables, los costos y los gastos, procederán respaldados en la nueva forma tecnológica de facturar.

La ley fue deficiente al no indicar en función de cual parámetro se establecen dichos porcentajes, con lo que generó alternativas a tomar en el periodo gravable de cada tributo (IVA o Renta): ya sea la cantidad de documentos o el valor de los descontables y de los costos y gastos, considerados de forma independiente para cada tributo, o en forma conjunta para ambos impuestos. Una sana lógica diría que la referencia debería operar sin confundir los dos impuestos y mirando el total de los valores solicitados en la respectiva declaración. Sin embargo, el reglamento tendrá la última palabra.

A pesar de la claridad normativa sobre la validez de los documentos POS como soportes, tanto en el 2019 como en los años siguientes hasta el 2022, incluso, en la medida en que cumplan la condición de estar dentro del respectivo porcentaje máximo permitido sin factura electrónica, la Dian, al regular aspectos relativos a esta modalidad, afirmó lo contrario (Ver Resolución No. 2 del 03-01-2019). De similar forma procedió al publicar un proyecto de resolución que modifica requisitos para las solicitudes de autorización, habilitación y/o inhabilitación de numeración de las facturas y/o documentos equivalentes, en el cual recoge, de manera ilegal, el texto de la norma que los excluye del ámbito probatorio.

En reciente pronunciamiento de la entidad (Concepto No. 4834 del 27-02-19), en respuesta a la consulta de un particular, se rescata, en parte, la interpretación correcta, afirmando “… que hoy, el documento equivalente POS tiene plena validez…”, pero en el mismo incluye otra en abierta oposición a la ley, al agregar “… y será así hasta tanto se reglamente la materia…”. Con esta última, para la Dian, tal validez desaparece una vez se produzca el reglamento y con este deja de regir lo que dispuso de forma diferente y expresa el legislador. Para beneficio del orden jurídico y claridad de los obligados, debe procederse con carácter urgente a su revocación.

La primera inferencia hace una aclaración oportuna que calma, aparentemente, las aguas para quienes adquieren bienes y servicios de empresas que usan Máquinas POS, y para estas, que por la gran magnitud de transacciones que realizan estaban enfrentando el calvario de tener que expedir, en un sinnúmero de casos, facturas adicionales con las formalidades exigidas en la ley. No obstante lo anterior, la misma resulta insuficiente, pues, en forma concordante, faltaría modificar las resoluciones atrás referenciadas que priman y tienen presunción de legalidad, máxime cuando el concepto emitido no podrá ser alegado a su favor por los contribuyentes que actúen bajo su amparo, por la derogatoria de la norma que así lo permitía.

Anticipo de cambios tributarios

Sería conveniente que el Gobierno valorara a su interior sus proyectos antes de presentarlos. Así evitaría generar zozobra.

Artículo publicado en portafolio.co

La ‘Ley de Financiamiento presupuestal’ no fue otra cosa que una reforma tributaria con mayúsculas. Frente a esta, confiables centros de análisis dejaron constancia de que los recursos públicos producto de las nuevas cargas aprobadas, combinado con una política de austeridad pública y una gestión eficiente por parte de la Dian, solo resolvería el problema del 2019, pero por las concesiones consagradas quedaban comprometidos los años 2020 y siguientes. Este panorama preparó el ánimo para tener que soportar una nueva reforma impositiva.

Lo que no se esperaba es que la misma estuviera precedida por la propuesta anticipada de medidas de corte fiscal, presentada al Congreso, con un ropaje diferente: el Plan de Desarrollo denominado ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’. Pareciera que los funcionarios que lo prepararon, al incluir medidas que carecen de ‘equidad’, quieren someter al Presidente a un mal momento, como el que le hicieron vivir cuando pretendieron castigar a la clase media con la extensión del IVA a bienes de la alimentación básica y diaria de los colombianos (arroz, huevos, pollo, carne, entre otros).

Gran parte de los trabajadores, por desarrollar su actividad en forma independiente, están obligados a asumir el 100 por ciento del costo de la seguridad social. Esto aplica tanto a quienes prestan servicios personales como de otra clase y para quienes perciben rentas de capital, concepto este último que comprende el caso de personas de la tercera edad que, para resarcir los bajos ingresos por pensión o por carecer de esta, han terminado percibiendo algunos arrendamientos de un inmueble adquirido para este fin.

En la actualidad, todas estas personas calculan sus cotizaciones sobre el 40 por ciento de sus ingresos mensuales, como una forma de reconocer el drástico impacto en sus finanzas personales. Igualmente, pueden restar costos y gastos si reúnen requisitos del Estatuto Tributario. Ahora se pretende que los independientes por cuenta propia, los que celebran contratos diferentes a servicios personales y los rentistas de capital, las liquiden sobre el 55 por ciento de los ingresos.

La Ley 1819/2016 resolvió la inequidad de su proyecto inicial que excluía a las cooperativas de la concesión, contemplada para las sociedades con ánimo de lucro no efectuar aportes a salud, Icbfy Sena, por trabajadores con menos de 10 salarios mínimos. Un reglamento ilegal del 2017 las obligó a realizarlos, a pesar de su naturaleza de ‘sin ánimo de lucro’. En la reforma 2018, con la anuencia del Ejecutivo se aprobó un nuevo texto, reiterando la aplicación del beneficio a las cooperativas. Ahora, también bajo el ropaje de la Ley del Plan, el mismo gobierno que avaló la aclaración hace menos de dos meses, propone eliminarlo para este sector. También plantea disminuir los subsidios de energía para los estratos 1 y 2 y suprimirlos para el estrato 3. Realmente, todo lo anterior y lo que quedaría por identificar en el contenido de la propuesta, no honra para nada la ‘equidad’ a que hace referencia el nombre del proyecto. Esta semana, el Presidente manifestó en trinos su desacuerdo con tocar los subsidios mencionados y aumentar la base de liquidación de la seguridad social para independientes. Sería conveniente que el Gobierno Nacional valorara a su interior sus proyectos antes de presentarlos. Así evitaría generar zozobra y enviar mensajes de improvisación.

Abuso en aporte a pensión de independientes

Es urgente que la Procuraduría y la Superfinanciera intervengan, para meter en cintura a los Fondos Privados y al Ministerio de Salud.

Artículo publicado en portafolio.co

Uno de los retos fiscales es la adopción de reformas al sistema pensional, para afrontar, de una vez por todas, el alto impacto negativo que tiene en las finanzas públicas. Los cambios no solo deben resolver el efecto nocivo en los recursos del Estado, sino también garantizar en el futuro, que una mayor cantidad de colombianos puedan acceder a una suma mensual que les permita proveerse los recursos para su subsistencia y la de sus familias, cuando ya no puedan desplegar actividad normal productiva por el deterioro de su condición física y mental derivada del paso inexorable de los años. El Ministro de Hacienda declaró que la reforma está en preparación para presentarla al Congreso en julio. Por su parte, la Ministra de Trabajo anunció que solo será presentada en el 2020.

Ambos dicen que respetará el derecho de quienes ya están próximos a pensionarse bajo las actuales condiciones. A las declaraciones contradictorias de estos altos funcionarios, se suma el hecho de que desde otro Ministerio se haya instruido a los Fondos Privados de Pensiones, para que exijan a los independientes que continúen cotizando a este subsistema de la seguridad social por varios meses más, después de cumplir las exigencias legales para su derecho al reconocimiento.

En los meses finales del año 2018, esta clase de aportantes que ya habían reunido los requisitos de edad y número de cotizaciones para la jubilación, se encontraron con la sorpresa de que a pesar que por esta circunstancia quedaban eximidos legalmente de continuar aportando para pensiones, tuvieron y tendrán que seguir haciéndolo, sacrificando recursos, en algunos casos de ingresos exiguos, para cubrir dichos valores a tales Fondos, con el argumento de no figurar en un Reporte del Ministerio de Salud y Protección Social. Se les obliga con un llamado de alerta en los operadores del sistema PILA que afirma “El cotizante no puede presentar la condición ‘cotizante con requisitos cumplidos para pensión’ (Subtipo 4) dado que se no encuentra en la base de referencia Reporte de Información de Personas que están en Trámite de Solicitud de Pensión suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Error:152”.

La ley es clara al preceptuar que “La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente”. (Inc. 2º Art. 17 de la Ley 100/1993). Esta norma no admite dudas de ninguna clase y simplemente refleja una elemental lógica, cual es que dichos aportes adicionales ya no van a incidir en la cuantía a percibir por concepto de mesada pensional; luego solo benefician a la empresa privada dueña del Fondo, al permitirle contar con más recursos para administrar y, con ello, percibir mayores remuneraciones de los afiliados. Lo absurdo es que los Fondos Privados de Pensiones poseen la información completa para concluir si el afiliado ha reunido o no la totalidad de las condiciones para pensionarse. A pesar de lo anterior, han procedido a reportar al operador Pila que dichas personas no están en el citado ‘reporte’, obligando a cotizar más. Es urgente que la Procuraduría y la Superfinanciera intervengan, para meter en cintura a los Fondos Privados y al Ministerio de Salud, y frenar que continúe esta situación de violación evidente de la Ley.

“Reforma tributaria pretende apagar un incendio: desfinanciamiento del presupuesto 2019”

Artículo publicado en:

actualicese.com 04/12/2018

Gustavo Humberto Cote Peña, exdirector de la Dian asegura que la inclusión de nuevos niveles en la tabla de tarifas de la declaración de renta, para gravar a quienes perciben ingresos altos, es una decisión válida que le imprime algo de progresividad al impuesto de renta.

¿Que se cayera el IVA para el 80 % de la canasta familiar era algo que se esperaba? ¿Se puede interpretar como una derrota para el Gobierno?
Sin lugar a duda, la medida desde un principio estaba condenada a desaparecer del proyecto. El presidente y el ministro de hacienda, al proponerla, perdieron de vista que con ella se afectaba al grueso de la población colombiana que integra la clase media, la cual había resultado perjudicada en forma sustancial con la anterior reforma tributaria. Recordemos que con las decisiones incluidas en la Ley 1819 de 2016 no solo tuvo que padecer, como toda la sociedad colombiana, el fuerte impacto del aumento de la tarifa IVA en el 2017 del 16 % al 19 %, sino que, además, resultó castigada con un fuerte incremento en su carga tributaria.

“el Gobierno resulta haciendo una “carambola a tres bandas”: disminuye los requerimientos iniciales de los 14 billones de pesos en 5,2 billones, beneficia a la clase media y le resta ruido al trámite del proyecto”

Sin embargo, no puede hablarse de una derrota para el Gobierno. La decisión de retirar la propuesta del proyecto beneficia a sus aspiraciones recaudatorias, pues con ella garantiza mantener recursos por la suma de 5,2 billones de pesos, que corresponden a los 2,6 billones de pesos que ya no se van a devolver a los pobres y los 2,6 billones de pesos de un punto del IVA que ya no va a perder con una tarifa reducida al 18 %. De acuerdo con lo anterior, y como lo dijimos en otros escenarios, el Gobierno resulta haciendo una “carambola a tres bandas”: disminuye los requerimientos iniciales de los 14 billones de pesos en 5,2 billones, beneficia a la clase media y le resta ruido al trámite del proyecto, ruido que bien pudo ser obviado desde un principio para ahorrarse un ingrediente más de los factores determinantes del rápido desgaste de la imagen del señor presidente.

¿Qué opinión merecen propuestas como el impuesto al consumo para vivienda mayor a 888 millones de pesos y gravar las motos de 200 cc con una tasa de 8 %?
No se puede perder de vista que esta reforma tributaria es eminentemente fiscalista, pues se trata de obtener recursos para equilibrar el presupuesto de la nación por el año 2019. Por ello, aparecen esta clase de medidas orientadas a encontrar más ingresos tributarios. Frente al impoconsumo a la vivienda, si bien el Gobierno aspira a originar con él recursos adicionales en cuantía de 980.000 millones de pesos, debe tenerse en cuenta que, en relación con la vivienda nueva, la anterior reforma había gravado con IVA al 5 % su venta cuando el valor excedía de 26.800 UVT (854 millones de pesos para 2017). Ahora se propone sustituirlo por este nuevo tributo. Faltaría entonces que el Ministerio de Hacienda establezca cuál sería el mayor recaudo que realmente podría obtenerse con esta decisión.

Sobre su impacto en el mercado de los inmuebles para vivienda, estimo que no va a ser muy significativo, pues por la cuantía a partir de la cual se causa el impuesto, su incidencia se ubica en un sector de la población muy reducido, que cuenta con la capacidad económica suficiente para asumir, sin problemas, el efecto en el precio de este costo impositivo, aunque no dejarán de existir los “avivatos” que la aleguen para encarecer viviendas por debajo de la cuantía indicada.
La anterior reforma tributaria dispuso en el numeral 7 del artículo 512-5 que las motos de hasta 200 c.c. estaban excluidas del impocosumo del 8 %. Ahora, en la ponencia expresa que se “incluye la derogatoria del numeral 7 del artículo 512-5 del Estatuto Tributario, con el propósito de gravar las motos y motocicletas con el impuesto al consumo”, es decir, no se trata de gravar solo las de 200 c.c., sino todas las motos por debajo de esta característica, con el 8 % de impoconsumo. En consecuencia, se afectará en mayor medida a las personas con menos recursos, que no cuentan con la capacidad suficiente para adquirir un vehículo y podían optar por una moto de cilindraje inferior a los 200 c.c. a un precio sin impuesto; por otro lado, encarece un poco su adquisición en beneficio del medio ambiente para protegerlo del ruido y de la contaminación.

¿Gravar las bebidas no alcohólicas y las cervezas es una buena estrategia de recaudo?
Como estrategia de recaudo no puede criticarse, pues está en armonía con las pretensiones de la reforma en trámite. No se trata de gravar algo que no está sometido al impuesto; lo que se plantea es extender el IVA de esos productos a toda la cadena de su distribución.

La nueva ponencia establece una tarifa adicional de 39 % para gravar a las personas naturales que ganan hasta 100 millones de pesos, además de unificar las cédulas

Todo lo que se lleve a cabo en aras de hacer más simple la determinación del impuesto sobre la renta de los contribuyentes es correcto. Con mayor razón para las personas naturales que, en su gran mayoría, son los trabajadores asalariados e independientes que se encuentran en el país. La inclusión de nuevos niveles en la tabla de tarifas, para gravar a quienes perciben ingresos altos, es una decisión válida que le imprime algo de progresividad al impuesto de renta. Pero yo insisto en que esta medida no es suficiente para llegarle a quienes ostentan la condición de percibir ingresos muy superiores a los que se consideran altos y que provienen de los dividendos, a la vez que integran un muy reducido grupo de ciudadanos. La ponencia conserva una cédula especial para esta clase de rentas y aumenta la tarifa de los dividendos a 15 %, a partir de la suma de 10,3 millones de pesos; para ganar más progresividad se debería incrementar aún más esta tarifa.
La decisión de unificar las cédulas en una general, separada de otra para las pensiones, es una decisión que va acompañada de otro cambio, el cual implica aumentar del 35 % que estaba en el proyecto inicial al 40 % el límite para los gastos y exenciones. Sin embargo, mantiene el tope de los 5.040 UVT ($172.127.000), que viene establecido desde la anterior reforma tributaria.
Algunos ponentes han dado declaraciones de que igualmente rescataron la exención para el 25 % de los ingresos laborales y por honorarios. No obstante, han perdido de vista que esta concesión resulta afectada por el límite comentado del 40 %. Por lo anterior, en la práctica dicho porcentaje reduce la exención a un simple 10 % de los ingresos anuales. Cabe recordar que el 25 % no es una concesión gratuita del legislador, pues, como lo ha expresado la Corte Constitucional, esta exención busca proteger de la tributación aquella parte de los ingresos que corresponden al denominado “mínimo vital”, el cual permite la subsistencia de la persona. Por esta razón, el Congreso debería excluirlo del límite del 40 %.

Un gravamen a las pensiones preocupaba a los contribuyentes, pero finalmente no se dio. ¿Es un triunfo para quienes aspiran a pensionarse algún día?

Con la incertidumbre que tiene nuestro país en todos los aspectos relacionados con los tributos, no puede afirmarse que sea un triunfo para quienes no tienen pensión hoy en día y que aspiran a contar con ella en el futuro. A la sociedad colombiana no le debe caber la menor duda de que en uno o dos años tendremos otra reforma tributaria, porque la actual fue diseñada y reestructurada para apagar un incendio en el presente, correspondiente al desfinancimiento del presupuesto del 2019. Adicionalmente, dicha reforma descuida la recaudación que se va a requerir en los años siguientes. Para quienes ya perciben una pensión, puede afirmarse que se trata de un triunfo; sobretodo para las de menor cuantía, que son las de la mayoría de los pensionados

 

Solución fiscal en la reforma tributaria para los años 2020 y siguientes

Artículo publicado en:

dinero.com

La reforma tributaria sigue concentrando la atención de todos los colombianos. Una vez iniciada la discusión de la ponencia preparada por los ponentes y el Ministro de Hacienda para el primer debate y cuadradas las cifras iniciales para buscar los 14 billones (7,5 ponencia + 5,2 Retiro extensión IVA a la canasta familiar y de la reducción tarifa al 18% + 1 menor gasto + 0,5 gestión Dian) se ha puesto en evidencia que sólo resuelve el problema presupuestal del 2019, y queda la gran preocupación sobre la suerte de las finanzas públicas a partir del año 2020.
Los ponentes han asumido su trámite con toda la seriedad que demanda una ley estratégica para el actual Gobierno. A su paso, el Congreso debería tener presente las dificultades más allá del año entrante, para encaminar el proyecto por el sendero de la prudencia. Para ello, debería introducir los cambios necesarios orientados a eliminar exenciones y beneficios particulares en el impuesto de renta, algunos hoy vigentes y otros sumados por la propuesta gubernamental.

La reducción de la tarifa para las sociedades debería ir acompañada de la eliminación del tratamiento preferencial de la Tarifa del 27% y de los contratos de estabilidad jurídica que se propone para las Mega-inversiones, de la tarifa del 9% por 20 años para los hoteles que construyan o se remodelen, al igual que la tarifa con gradualidad del 9% para las nuevas Pymes amparadas en la Ley 1429 de 2010 que hoy por hoy tienen desmontado el impuesto en los dos primeros años y partir del tercero tributan en unos niveles irrisorios.
En el caso del sector hotelero desde el año 2002 gozó de una exención que rigió durante 15 años, luego no se compadece ni es justo frente a los demás sectores económicos, que resulte privilegiado nuevamente como se pretende. Por su parte, al amparo de los beneficios tributarios de la Ley 1429 para las Pymes, se han venido reciclando, en forma indebida, algunas empresas para aparecer como nuevas sin serlo, porque pertenecen a los mismos socios y continúan desarrollando objetos sociales similares, incluso operando en los mismos domicilios. Para estimular el emprendimiento y los nuevos negocios a nivel de las Pymes, el proyecto tiene el sistema Simple que mantendría esta finalidad.

El beneficio en renta contemplado bajo el manto de la economía naranja, debe limitarse solo a aquellos sectores que corresponden a este concepto según la Ley 1834/17 que lo regula. Los dividendos deben gravarse con una tarifa superior a la del 15% previsto en la ponencia. La tarifa especial para las empresas agropecuarias también debe desaparecer. Para estimular el campo, debe acudirse a otras alternativas diferentes a la del sacrificio de los ingresos tributarios, por ejemplo, mediante créditos blandos que lleguen a los campesinos con menos capacidad económica y el desarrollo de labores de integración entre pequeños y medianos empresarios del campo con grandes inversionistas en proyectos de gran calado.
A su vez, el desmonte de la renta presuntiva debe eliminarse para dejarla en su magnitud actual. No es cierta la explicación del Gobierno de que las empresas al iniciar su actividad resultan tributando por esta vía sin tener ingresos, pues la ley vigente permite sustraer de la base de su cálculo los activos en período improductivo.
Además, desde cuando fue creada en 1974, durante el Gobierno del presidente Alfonso López, y aún hoy en día, la presuntiva permite materializar el principio constitucional de que “la propiedad es una función social que implica obligaciones” y que sustenta el hecho de que es injustificable la existencia de patrimonios ociosos, pues esta clase de activos colocados al margen de la economía terminan sin aportar a las cargas públicas de la Nación. Por el contrario, por la vía de una tributación mínima se estimula su integración al desarrollo económico y, con ello, se les obliga a asumir la carga impositiva en beneficio de toda la sociedad.
De ser aceptadas estas sugerencias, con seguridad el Congreso y el Gobierno enviarán un mensaje de responsabilidad sobre la política fiscal más allá del 2019. gcote@globbal.co

 

Golazo olímpico en la reforma tributaria

Artículo publicado en:Portafolio

En la ponencia para primer debate se expresa que se incluye en las derogatorias el Art. 264 de la Ley 223 de 1995, “(…), con el fin de eliminar el carácter vinculante de los conceptos escritos emitidos por la Dian, para las autoridades tributarias, con el fin de que los conceptos (sic) que emita sea como el de todas las entidades”.

El artículo referido permite a los contribuyentes que actúen con base en los conceptos de la Dian, sustentar sus actuaciones tributarias en la vía gubernativa y en la judicial con fundamento en los mismos. Además, protege a los contribuyentes que realizan actuaciones al amparo de tales pronunciamientos interpretativos, al disponer que los funcionarios de la entidad no pueden objetarlas. Es decir, si un concepto estima que las reglas deben entenderse en un sentido determinado y el obligado actúa de acuerdo con este, la entidad no puede, mientras esté vigente la doctrina en este contenida, alegar que no reconoce lo expresado por ella y cuestionar el proceder del investigado para sancionarlo. Sin duda, el efecto vinculante que se perdería, implicaría la eliminación de una protección evidente para los contribuyentes que hoy es garantía de certeza y seguridad jurídica.

Uno de los grandes problemas del sistema tributario colombiano radica en la complejidad y el alto número de normas que regulan los impuestos. Quien quiera tener una experiencia extrema y desagradable, solo tiene que introducirse en la lectura de los cerca de 1.000 artículos que hoy forman el Estatuto Tributario. Para lograr mayor intensidad, puede seguir con una ojeada a una cantidad similar que integran el Decreto Único Reglamentario que lo desarrolla. Y si quiere llegar a una sensación fuerte de ‘realidad aumentada’ no propiamente grata, puede pasar, a tratar de extraer el sentido y alcance del contenido de los múltiples incisos y parágrafos de cada una de ellas. El panorama descrito no es ciencia ficción, sino realidad pura que demuestra lo indispensable de lo reglado en lo que se pretende sustraer del ordenamiento jurídico.
La interpretación de la Dian no puede tener los efectos jurídicos ‘de todas las entidades’, porque es muy distinta. Lo que administra, además de trascendente por relacionarse, nada más y nada menos, con el flujo de recursos hacia el Tesoro del Estado, tiene que ver con el control a quienes los proveen a través del cumplimiento de un sinnúmero de obligaciones, que deberían estar establecidas en una forma sencilla y fácil. Para nadie es desconocido que el alto grado de complejidad, confusión y dificultad de los textos reguladores, sumada a la gran cantidad de disposiciones, obstaculiza su aplicación, no solo por los ciudadanos, sino por los funcionarios que fiscalizan. Por ello, el precepto que se pretende sacrificar en esta ocasión, ha sido respetado en todas las reformas tributarias posteriores al año 1995.

La inclusión transcrita al comienzo de esta columna, constituye un gol olímpico que se pretende anotar en contra de todos los colombianos. La justificación, aunque parece simplista, entraña una mala intención de quien la redactó, que surge de bulto, al encontrar que el gol corresponde a una jugada disfrazada en la referencia inexacta a los conceptos proferidos solo para “autoridades tributarias”. Con seguridad, el afán de responder a las necesidades recaudatorias de la reforma, no permitió a los ponentes identificarlo. Por el bien del país y de la imagen del Congreso, se impone eliminarla del proyecto.

 

‘Plan A’ sin afectar clase media ni programas sociales

Artículo publicado en: Portafolio

Diferentes sectores han expresado su inconformidad frente a la propuesta de ampliar el IVA a los productos de la canasta familiar, a pesar de que, en compensación, se plantea devolver 2,6 billones a los más pobres y reducir la tarifa general del 19 al 18 por ciento en el 2019, y al 17 por ciento a partir del 2021. El Ministro de Hacienda ha expresado a algunas bancadas del Congreso que el Gobierno no tiene ‘Plan B’ y que si no se aprueba el proyecto como fue presentado, se recortarán algunos egresos del presupuesto para programas sociales como subsidios a los estratos más bajos y la implementación del proceso de paz.

La estructura técnica y conveniente de los tributos exige que no existan exenciones, exclusiones o beneficios tributarios que afecten la neutralidad de los negocios. Igualmente, se afirma que, con el fin de buscar una mayor eficiencia recaudatoria, en concordancia con un sistema sin estos ‘hoyos negros’, lo ideal sería que se buscara la progresividad a través del gasto público focalizado en aquella parte de las familias más carentes de ingresos. Sin embargo, la aspiración técnica choca con la realidad de los sectores con menor capacidad económica. Esta población, no cuenta con los ingresos suficientes para asumir el drástico efecto en los precios que generan tributos indirectos como el IVA. En el caso de la amplia banda entre ellos y los de más altos ingresos, es decir, la clase media, cualquier peso reorientado a cubrir el efecto del aumento tarifario afecta su subsistencia, si se tienen en cuenta, además, las cargas impositivas que les aplicarían por otros conceptos.

Como la extensión del IVA a la canasta familiar afectaría el costo de adquisición en productos como los lácteos, las verduras, la yuca, la papa, el arroz, el plátano, los huevos, el pollo y la carne, bienes todos de consumo diario, es natural que el descontento se haya focalizado en esta medida. Tal vez, este elemento es fundamental en el ‘Plan A’ del Ministerio de Hacienda, pues logró distraer a la opinión pública en relación con los demás aspectos del proyecto. El desacuerdo limitado a este punto, le permitirá al Gobierno ceder con su retiro junto con la de disminuir la tarifa general del IVA, con lo cual calmaría las aguas y, de paso, se garantizaría que su aspiración de los 14 billones se reduzca a una suma cercana a los 8 billones de pesos.

Durante el 2017, el recaudo por el IVA externo fue 21,4 billones y por el interno alcanzó la suma de 31,9 billones, para un gran total de 53,3 billones de pesos. Este monto permite inferir fácilmente que un punto del IVA originó recursos tributarios por un valor cercano a 2,6 billones. Luego, los recursos originados por el ahorro de cada uno de los dos puntos del IVA que se continuaría recaudando por aplicación de la tarifa general sería de 5,2 billones de pesos y por la no devolución que plantea el proyecto a través de los programas sociales y del fantasmal Sisbén, sería por el valor de los 2,6 billones ofrecidos. Estos valores le representarían al Estado mantener un recaudo aproximado de 7,8 billones, que necesariamente restarían de los 11 que se pretenden obtener con los cambios en el Impuesto a las Ventas.

De esta forma, los 6,2 billones restantes se obtendrían con el IVA a otros bienes y servicios que quedarían sometidos al tributo, con los cambios en renta, el impuesto a la riqueza, el de normalización, las medidas antievasión y las acciones de control producto de la modernización de la Dian, que realmente integran el grueso de la reforma en ciernes.

Se debe reconocer que los cambios en renta para personas naturales conllevan algo de simplificación del régimen, al reducir las 5 cédulas a una general para todos los ingresos diferentes a dividendos y recuperan un poco de progresividad con los niveles de tarifas marginales adicionales del 35 y 37 por ciento, para ingresos mensuales superiores a 21’704.000 y 37’411.000 de pesos, respectivamente. Sin embargo, es inexacto afirmar que se está gravando a las personas naturales con mayores ingresos en el país. Este selecto grupo, que es muy reducido, percibe dividendos que continuarán tributando con las tarifas actuales del 5 y 10 por ciento, que distan, injustamente, de las que quedarían para las demás rentas. Si se les pusiera en cintura aumentándoles la tributación, se obtendría buena parte de los billones restantes, y se podría aliviar la carga general a las personas naturales de la clase media, incluidos quienes perciben pensiones bajas.

Otra fuente de recaudación adicional que debería cuantificar el Ministerio de Hacienda es el de la medida sobre enajenación de inmuebles, que aparece muy bien estructurada y pone coto a las acostumbradas negociaciones por valores inferiores a los reales. Finalmente, debería calcularse cuánto representa la eliminación de la renta presuntiva para evaluar si se mantiene, para no desechar el principio constitucional de que “La propiedad es una función social que implica obligaciones”; de esta forma, la propiedad no productiva en algo aportaría a las cargas publicas de la Nación.

“Devolución del IVA debe blindarse frente a las manos inescrupulosas de la corrupción”

Publicado en: actualícese.com

 

Gustavo Humberto Cote Peña, exdirector de la Dian asegura que el IVA es un impuesto indirecto que castiga en forma drástica el consumo de las familias más pobres, pero que con los cambios propuestos a través del proyecto de la ley de financiamiento se está buscando restarle regresividad.

¿Qué opinión le merece el desmonte gradual de la tarifa del IVA del 19 % al 17 %?

Teniendo en cuenta que el IVA es por esencia un impuesto regresivo, esta medida tendría un efecto positivo. Si se aprueba en el congreso, debería reflejarse en un menor valor de los productos, lo cual aliviaría parcialmente el alto costo del consumo general de las familias, debido a que no tendrían que asumir el impacto de la tarifa actual en el precio final de los bienes y servicios que adquieren.

 

Sin embargo, según la exposición de motivos del proyecto de ley, la propuesta va acompañada de la unificación de las tarifas de IVA y la eliminación de algunos bienes y servicios que se han considerado como exentos o excluidos de este gravamen, es decir, extendiéndolo a la canasta familiar. Ante las múltiples voces inconformes que se han manifestado desde diferentes sectores, es previsible que este condicionamiento no se materialice, en cuyo caso el Gobierno nacional y todos los colombianos tendrían que resignarse a continuar asumiendo una tarifa de IVA del 19 %, que con su implementación en el pasado en forma inmediata a partir de enero del 2017, y a pesar de los efectos nocivos que determinó para la economía colombiana, ya fue procesada y asimilada por los colombianos de a pie.

¿El Gobierno tiene las herramientas y está preparado para devolverle el IVA a los más necesitados como se aspira con esta ley?

La devolución de una parte del recaudo por este impuesto está presentada como una justificación de la intención del Gobierno nacional de ampliar el IVA a los productos de la canasta familiar. Es decir, se plantea como una manera de restarle regresividad a este impuesto indirecto que castiga en forma drástica el consumo de las familias más pobres.

 

El ministro de hacienda ha manifestado que dicha devolución se haría a través de programas como Familias en AcciónJóvenes en AcciónAdulto Mayor, entre otros, y de forma anticipada a través de giro electrónico o por ventanilla en las entidades financieras. Como es apenas natural, esta es una operación que tiene grandes complejidades que demandan varias respuestas, empezando por la necesidad de garantizar su blindaje frente a las manos inescrupulosas de la corrupción, pasando por la amplia cobertura que demanda, y terminando porque llegue en forma efectiva a personas reales que integren el mundo verdadero de los más necesitados y no a los fantasmas que a lo largo y ancho del país aparecen indebidamente involucrados en el Sisbén.

 

“Clase media que, además, resultará afectada en forma negativa por los cambios propuestos en materia de renta para las personas naturales”

 

Con la extensión del IVA a la canasta familiar se aspira un recaudo de 11,3 billones de pesos. De esta suma, el monto total promedio a transferir, a través de los programas sociales ascendería a 2,6 billones de pesos en 2019, con lo cual se busca beneficiar a los hogares de menores ingresos. Ante el reducido número de personas que integran las familias con los más altos ingresos, la diferencia de cerca de 9 billones de pesos sería asumida por la mayoría de la población colombiana que se encuentra integrada por la clase media. Clase media que, además, resultará afectada en forma negativa por los cambios propuestos en materia de renta para las personas naturales.

No se eliminaría el 4×1.000, un impuesto que para muchos es regresivo

Esta es una aspiración frustrada. Cada vez que se hace una reforma tributaria, el Gobierno de turno termina dejándolo vigente por el importante monto de los recaudos que origina, aspecto que pesa mucho más que las razones técnicas que existen para justificar su eliminación. A pesar de que estimula las transacciones en efectivo, y por esta vía, la informalidad, es la razón fundamental sobre la cual se cimienta el proyecto de ley en trámite; es una opción existente para mantener los recaudos tributarios actuales, y no afectar más el presupuesto nacional.

¿Qué piensa sobre los cambios en renta para las personas con mayores ingresos, quienes tendrán una carga tributaria adicional?

Si se compara la tabla del impuesto para las rentas laborales de las personas naturales vigentes con la nueva que se propone para todas las rentas diferentes a dividendos, se encuentra que los niveles adicionales que se incluyen con tarifas marginales del 35 % y del 37 % corresponden a ingresos mensuales superiores a $21.704.000 y $37.411.000, respectivamente. Es decir, se establece una tributación mayor para estos montos que –hay que reconocer– corresponden a contribuyentes con ingresos bastante significativos, si se comparan con el monto promedio de ingresos que perciben la gran mayoría de la población trabajadora del país. De esta forma, se imprime una mayor progresividad al impuesto de renta y se recupera en algo la vigencia del principio de equidad vertical que debe caracterizar el sistema tributario colombiano.

Sin embargo, la presentación del proyecto de que las personas con mayores ingresos van a tributar en una mayor proporción es totalmente inexacta. Lo anterior, dado que al mantener la cédula especial de dividendos para personas naturales como está vigente, deja por fuera al reducido grupo integrado por aquellas que perciben esta clase de rentas, que, sin lugar a dudas, integran el grupo de quienes, por tener unos ingresos muy superiores, poseen una mayor capacidad contributiva. Para este “exclusivo club” se mantienen las tarifas actuales del 5 % y el 10 % que no se compadecen con las aplicables a otras clases de rentas.

Pero junto a esta propuesta no pueden perderse de vista los demás cambios que se presentan en el proyecto de ley para las personas naturales que terminan afectando no solamente a los de mayores ingresos. En el caso de los asalariados, las normas actuales limitan las rentas exentas y deducciones en un 40 %; la nueva limitación sería del 35%. Además, desaparece el monto exento del 25% de los ingresos laborales que fue estructurado a partir de la jurisprudencia para atender el mínimo vital.

Las empresas lograron que se les redujera su tarifa de renta al 30 %. ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Serán generadoras de más empleos?

Como lo expresaba en una entrevista anterior en este medio, el problema del desempleo es muy grave en Colombia. Según el Dane, la tasa a septiembre de 2018 es del 9,5 %. El proyecto comprende una serie de concesiones para las nuevas empresas del sector naranja y para las del sector agropecuario, para las cuales se les condiciona la exención a la generación de mínimo 10 empleos. Sin embargo, para el grueso de los contribuyentes personas jurídicas que gozarían del beneficio de reducción de la tarifa, se les concede en forma automática y no se asocia con la generación de empleo. El congreso debería complementar la propuesta de forma que la menor carga tributaria no se quede simplemente en el bolsillo de los accionistas, y realmente se refleje en un aporte efectivo a la solución de esta problemática del país.

“Un sistema es progresivo cuando se pagan más impuestos directos, lo que se lograría si hay equidad”

Artículo publicado el 21 de agosto, 2018 en actualicese.com

Gustavo Humberto Cote Peña dice que se deben evaluar las exenciones tributarias aplicadas a las empresas a fin de determinar si están cumpliendo un objetivo válido y beneficioso para el país, como generar empleo, impulsar el desempeño económico, así como producir un impacto positivo en las finanzas del país.

¿Desde su punto de vista se justifica rebajar más los impuestos a las empresas?

La última reforma tributaria ya dispuso una reducción de la tarifa de renta para las personas jurídicas de un 40 % (34 % de impuesto más 6 % de sobretasa en algunos casos) por el 2017 y 37 % (33 % de impuesto y 4 % de sobretasa para algunas entidades) por el 2018, al 33 % a partir del año gravable 2019. Sin embargo, esta reducción no fue suficiente para recuperar uno de los factores que inciden en la competitividad de las empresas, el tributario. Aún estamos frente a otros países latinoamericanos por encima de la carga de renta aplicable en ellos. Por tanto, se justifica la decisión del presidente Duque, anunciada desde la campaña presidencial y compartida por varios de sus contendores electorales, de proponer al Congreso una reducción adicional a la ya prevista en la ley. Si la nueva norma es aprobada durante el año en curso, la reducción operaría a partir del año gravable 2019 y se vería reflejada en la declaración de renta a presentar por esta vigencia en el 2020.

 

Si bien esta medida implica que las empresas puedan desarrollar mejor sus negocios frente a su competencia en otros países y que la inversión en Colombia se vuelva más atractiva para los extranjeros, sería prudente que se incluyeran mecanismos para garantizar que el alivio no solo beneficie a las sociedades y sus accionistas aumentando sus utilidades, sino que se vincule de forma efectiva a la generación de más empleo formal. Según el Dane a junio 2018, la tasa de desempleo fue del 9,1 % lo que corresponde a más de 2,2 millones de colombianos.

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Si disminuyen los impuestos a las empresas, ¿subirían para las personas naturales?

El ministro de hacienda ha dicho que le suena la propuesta de los gremios de obligar a declarar y pagar a las personas naturales desde $1.900.000 (2,2 salarios mínimos) con el argumento de que esta suma corresponde más o menos al ingreso per cápita de los colombianos. Quienes hacen esta recomendación pierden de vista la realidad de cómo están estructurados los ingresos de los ciudadanos de un país con una brecha social tan amplia como la que existe en Colombia.

Hoy las rentas gravables laborales empiezan a tributar a partir de 3,8 salarios ($3.012.000) y quienes reciben rentas no laborales a partir de 2,1 salarios mínimos ($1.658.000). Por tanto, como dentro de las rentas laborales se encuentra el sector de los asalariados y un gran grupo de independientes que clasifican en esta renta cedular, la mayoría de estos contribuyentes soportarían el impacto de la medida. Téngase en cuenta que estas personas integran un gran número de colombianos con ingresos no muy significativos que apenas les alcanzan para cubrir, y con dificultad, sus necesidades básicas.

Se alega también que en nuestro país las personas naturales no tributan en forma similar a como lo hacen en EE.UU. y otros países miembros de la OCDE. Colombia no es un país desarrollado, ni sus ciudadanos cuentan con los niveles de ingreso, ni de vida, ni de apoyo del Estado como ocurre en algunos de esos países.

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“Hoy una persona de nivel profesional tiene dificultades para preparar su declaración y tiene que incurrir en costos contratando contadores para poder cumplir con ella”

Pretender que tales personas presenten declaración de renta genera un efecto en su contra derivado de la complejidad de las normas existentes. Hoy una persona de nivel profesional tiene dificultades para preparar su declaración y tiene que incurrir en costos contratando contadores para poder cumplir con ella, imagínense a quienes poseen un nivel de formación inferior tratando de hacer su declaración y de entender el simple tema de las rentas cedulares, los conceptos que se pueden restar o no, las limitaciones en las rentas exentas y deducciones, las tarifas aplicables etc. Necesariamente tendrían que acudir a un tercero y asumir el costo de ello, con el sacrificio de sus ingresos.

 

Si bien un sistema es más progresivo cuando se pagan más impuestos directos, esta cualidad se logra solo en la medida en que rija el principio elemental de la equidad, el cual consiste en que los que tengan más paguen más. Y agregaría para nuestra sociedad, que los que concentran en mayor nivel los ingresos y la riqueza paguen lo que justamente les corresponde.

¿Las exenciones tributarias para las empresas es un punto que se debe evaluar?

Desde un punto de vista técnico las exenciones y beneficios tributarios se conceden, sin estar vinculados a un tiempo determinado, con el propósito de generar un impacto positivo en la economía, promover el empleo o la reactivación de determinados sectores geográficos que demandan de estímulos para reactivarlos e impulsar su desempeño económico. Los que no tienen ninguna justificación terminan distorsionando el principio de equidad del sistema tributario y deteriorando la recaudación tributaria. Por esta razón necesariamente deben revisarse las existentes con el fin de eliminar todas aquellas que no estén cumpliendo un objetivo válido y beneficioso para el país.

¿Qué opina de la modernización de la Dian para luchar contra la evasión?

Este es un punto esencial en la lucha contra la evasión. La Dian requiere adoptar un esquema más dinámico y moderno que permita ampliar su acción de control tributario y aduanero; necesita incrementar su personal, debe fortalecer sus sistemas informáticos, terminar de implementar la factura electrónica, poner en práctica una serie de instrumentos de control que no han sido aprovechados, como ocurre con la fortaleza de tener bajo sus competencias el control unificado de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Además, debe adoptar una férrea política de lucha contra la corrupción, identificando y sancionando en forma ejemplar a las manzanas podridas que desprestigian a la mayoría de sus servidores que son gente honesta y comprometida con el país.

Por ello, debe celebrarse el arribo a la dirección general de la Dian de una persona que no solo conoce el tema técnico tributario, sino que además de tener una amplia experiencia desde el mundo de las empresas, conoce la administración tributaria colombiana desde adentro, por haber estado vinculada a la entidad en el pasado. Estos ingredientes integran una fórmula que permiten asumir que con seguridad la reforma a la entidad que se anuncia por el presidente será exitosa.

¿Qué beneficios habría en que existan seis días sin IVA?

Existe un beneficio directo, que quienes adquieran productos durante dicho período van a ahorrar dinero. Sin embargo, esta clase de medidas pueden ser utilizadas por algunos encargados del IVA “irresponsables” que podrían aprovechar la coyuntura de la concesión legal, para disfrazar ventas de días ordinarios y eludir el cobro del impuesto o simplemente apropiarse del IVA cobrado en estos días para presentarlos como operaciones realizadas durante el período del beneficio. Por lo anterior, la figura debe acompañarse de instrumentos adicionales que garanticen que la concesión sea efectiva para los consumidores, sin que se erosione la base de cobro del impuesto por operaciones que sí están gravadas.

¿De qué forma cambia el panorama tributario nacional con el ingreso de Colombia a la OCDE?

El panorama tributario nacional ya ha venido cambiando por influencia de la OCDE. Con anterioridad a la aceptación definitiva de Colombia como país miembro, la legislación tributaria ha incorporado varias de las medidas recomendadas por las directrices de esta entidad. El régimen de precios de transferencia, el de las entidades controladas del exterior –ECE–, la declaración de activos del exterior, la vinculación de nuestro país a convenios auspiciados por varios de los países que la integran o siguen sus orientaciones para intercambio de información financiera con fines de control entre las administraciones tributarias, el acuerdo internacional para la remisión del Informe país por país, son algunos de los ejemplos que demuestran el cambio del panorama fiscal con miras a ejercer un eficiente control impositivo a los grupos multinacionales y los contribuyentes que tienen inversiones en el exterior y que venían aprovechando la ausencia de instrumentos para evadir y eludir su tributación nacional. Obviamente, en la medida en que se ejerza la condición de miembro de esta organización se van a poner en marcha nuevas buenas prácticas en la administración tributaria colombiana, para hacerla más moderna y eficaz.