Dificultades no previstas por la Dian

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El próximo mes de septiembre vencen los plazos para presentar a la Dian la Declaración Informativa y la Documentación Comprobatoria (DC) de Precios de Transferencia para quienes en el 2017, realizaron operaciones con vinculados ubicados en el exterior o en zona franca, o con empresas situadas en un paraíso fiscal o en una jurisdicción tributaria preferencial.

La última reforma tributaria dispuso que la DC debe contener el Informe Local, el Informe Maestro (Master File) y el Informe País por País. El primero comprende similar información a la que se presentaba en los años anteriores con algunas modificaciones. El tercero, lo deben presentar los grupos multinacionales a través de su casa matriz o entidad sustituta de ella en su domicilio, cuando sus ventas mundiales fueron o excedieron 865 millones de dólares.

Por su parte, el Informe Maestro debe ser preparado y enviado por aquellos contribuyentes que cumplan con los topes señalados en el Decreto 2120 de 2017, para presentar el Informe Local y que pertenezcan a un grupo multinacional (GM), entendido como aquel que consta de dos o más empresas cuya residencia fiscal se encuentre en jurisdicciones diferentes, o por una residente a efectos fiscales en una jurisdicción y que tribute en otra por las actividades realizadas a través de un establecimiento permanente.

Su contenido comprende información del GM sobre sus negocios a nivel de los diferentes países donde opera, incluyendo la naturaleza de sus actividades económicas, sus políticas generales de precios de transferencia, su reparto global de ingresos, riesgos y costos. Adicionalmente, entre otros aspectos, los relacionados con los factores generadores de utilidad, la cadena de suministro de los principales productos y servicios que comercializan y sus mercados geográficos, detalle de los intangibles poseídos y acuerdos sobre estos, contribuciones a la creación de valor por las diferentes entidades que lo integran. Como es natural, estos datos no están disponibles en sus oficinas colombianas, sino en la sede de su matriz.

Para el caso de los GM extranjeros, la Dian no previó la incoherencia entre el calendario tributario de Colombia y el de la sede de su matriz. Así, perdió de vista que, en muchos países, los vencimientos para prepararlo se extienden hasta el mes de diciembre del 2018 y, por ello, sus filiales o sucursales no cuentan, ni contarán, de manera oportuna, con un texto elaborado para poder cumplir en debida forma.

Teniendo en cuenta que este año es la primera vez en que se exige este deber tributario, el nuevo Gobierno recién instalado debería interpretar para estos casos, que el Informe Maestro a entregar por cada año gravable es el elaborado por la matriz extranjera por el año inmediatamente anterior. Esta posibilidad no chocaría con la oportunidad en el tiempo para el ejercicio de facultades de fiscalización, pues esta se extendió por seis años para los obligados en Precios de Transferencia y sí evitaría castigar injustificadamente a la inversión extranjera existente en el país.

Aclaración: en mi columna del 30 de julio pasado señalé, de forma errónea, el periodo de socialización del reglamento sobre retención de aportes a la Seguridad Social de los trabajadores independientes. El correcto es septiembre del 2018 a mayo del 2019.

 

Impuesto sobre la renta de las personas naturales

COMENTARIOS SOBRE EL CONCEPTO GENERAL UNIFICADO No. 0912 DEL 19 DE JULIO DE 2018 (ajustado mediante Concepto 915 de 2018)

La Dian expidió el “CONCEPTO GENERAL UNIFICADO NO. 0912 DEL 19 DE JULIO DE 2018. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS NATURALES”. Dicho pronunciamiento aclara diversos tópicos que fueron modificados por la Ley 1819 de 2016 y reglamentados por el Decreto 2250 de 2017. También recoge y precisa los pronunciamientos que la Administración había emitido sobre el tema.

Luego de una revisión del texto del Concepto, hay algunos apartes que, desde nuestro punto de vista, no se ajustan al ordenamiento jurídico en vigor. En este documento se comenta sobre ellos.

(Ver Comentarios Concepto Unificado 912-2018)

 

Efectos de un reglamento forzado

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Cumpliendo un mandato del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Gobierno Nacional reglamentó el 23 de julio del 2018, la norma legal incluida en la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que dispuso para los trabajadores independientes la cotización al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) “mes vencido”. En el mismo decreto se adoptó la figura de la retención en la fuente de aportes por los conceptos correspondientes.
Hay que recordar que desde hace varios años está vigente la obligación tributaria para quienes realizan pagos a estas personas, de verificar su afiliación al SSSI y el pago de sus cotizaciones y aportes que les corresponden según la ley, so pena de no poder deducir dichas erogaciones en la determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta. Lo anterior presentaba un inconveniente práctico para el trabajador, ya que generaba un círculo vicioso en su contra: cuando este no contaba con los recursos para cumplir con sus cotizaciones, no podía acreditar su cancelación y el contratante, por su parte, para no incurrir en el riesgo tributario anotado, no le efectuaba el pago. Otro problema que se presentaba en detrimento de los recursos parafiscales era el de que, en algunos casos, el trabajador independiente cumplía parcialmente con su obligación y procedía a presentar el mismo documento ante diferentes pagadores.

De acuerdo con el reglamento, el pago “mes vencido” se empezará a efectuar a partir del primero de octubre del 2018, correspondiendo al periodo de cotización del mes de septiembre del mismo año. La retención en la fuente iniciará a partir del mes de junio del 2019. Para este último fin, el Ministerio competente deberá efectuar los ajustes necesarios en la planilla Pila para hacer viable su materialización.

Luego de que empiecen a regir estas disposiciones, quedarán resueltas, de una vez por todas, las dificultades comentadas. A pesar de lo anterior, en virtud del tiempo de gracia que se previó para socializar lo dispuesto y empezar a aplicar tales medidas, se ha generado un detrimento en el control existente a través de los contratantes de los trabajadores independientes, cuando sus contratos conllevan la cancelación de un único pago.

Durante el periodo comprendido entre el mes de septiembre del 2017 y mayo del 2018, las empresas ya no podrán exigir a estos trabajadores que le acrediten el cubrimiento de sus cotizaciones asociadas al monto de la remuneración que les va a efectuar, sino solo las correspondientes al mes inmediatamente anterior, con lo cual, existe un imposible fáctico para asegurar que están aportando de forma correcta. Por lo dicho, en este lapso se va a reducir el flujo de dineros al SSSI por parte de esta clase de afiliados. Tampoco será legalmente válido para la Dian rechazar las erogaciones efectuadas bajo estos parámetros, porque la inconsistencia entre la deducción solicitada y los aportes acreditados no son producto del incumplimiento de la obligación fiscal, sino que derivan del diseño del mecanismo adoptado en el reglamento.

Finalmente, el decreto no previó la obligación del retenedor de certificar al trabajador los valores retenidos. Este elemento es de especial importancia para atender investigaciones que la UGPP llegue a adelantar en su contra.

 

Nuevos deberes por negocios con Panamá

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Los negocios realizados por colombianos con Panamá no son de poca monta. El Banco de la República señala que en el 2017 el flujo de inversión directa hacia dicho país alcanzó los US$740,9 millones. De acuerdo con el MINCIT, las exportaciones colombianas totales fueron US$37.800 millones y las dirigidas a su territorio superaron los US$2.430,2 millones. Lo anterior sin contar las transacciones no registradas en los datos oficiales.

La magnitud de las sumas reseñadas denota la importancia de someter al control impositivo los intercambios comerciales realizados con este destino. En el pasado, el Gobierno Nacional trató de incluirla dentro del listado de los denominados “paraísos fiscales”. El intento se produjo en octubre del 2014, pero quedó frustrado a los pocos días, cuando expidió un nuevo decreto para sustraerla de dicha connotación.

Siguiendo directrices impartidas por la Ocde, Colombia introdujo modificaciones al Estatuto Tributario en la última reforma para mejorar las acciones de fiscalización al movimiento de bienes y servicios más allá de sus fronteras. Por ello, en su exposición de motivos se explicó: “Se incluyen los regímenes tributarios preferenciales, los cuáles son determinados con base en criterios específicos(…). La inclusión de regímenes especiales surge de la necesidad de evitar transacciones que puedan derivar en una erosión de la base gravable en Colombia”.

Los Regímenes Tributarios Preferenciales (RTP) son aquellos que reúnen al menos dos de los siguientes presupuestos: tarifas de renta inexistentes o más bajas que las colombianas, carecen de un efectivo intercambio de información o sus normas lo limitan, falta de transparencia legal o funcionamiento administrativo, inexistencia del requisito de presencia local sustantiva del ejercicio de una actividad económica real, y aquellos a los que solo tienen acceso no residentes de la jurisdicción donde opera.

Si bien para la fecha no existe una lista, por cuanto el Gobierno no estaba obligado a expedirla, no se puede perder de vista que todo tercero fuera de Colombia con el cual se hayan realizado transacciones en el 2017 es susceptible de pertenecer a un RTP, lo cual conlleva nuevos deberes tributarios. En efecto, las operaciones de los contribuyentes con esta clase de empresas están sometidas a las normas aplicables a las realizadas con ubicados en paraísos fiscales. Por tanto, al margen del monto de sus ingresos y patrimonio, están sujetos a las obligaciones de Precios de Transferencia sin importar que la compañía del exterior sea vinculada o no.

En el caso de vinculación, deben documentar sus costos o gastos y demostrar al detalle funciones, activos y riesgos, y la totalidad de los costos y gastos para la actividad que los originó, so pena de su rechazo por parte de la Dian.

Confrontada la situación de Panamá con lo expresado, resulta fácil inferir que esta reúne al menos dos de los requisitos exigidos en la ley para que las personas allí situadas pertenezcan a un RTP. Luego, los sujetos pasivos del impuesto de renta que hayan tenido negocios con ellas deben revisar su situación fáctica y legal para evitar colocarse en condiciones de incumplimiento que los lleven a soportar onerosas consecuencias sancionatorias.

 

Disyuntiva tributaria de las Esal

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La última reforma tributaria modificó el tratamiento fiscal de las asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro (Esal), legalmente constituidas, señalando que son contribuyentes ordinarios del impuesto sobre la renta, a menos que sean calificados por la Dian en el Régimen Tributario Especial (RTE). Para quienes reunían con anterioridad esta última cualidad y deseen mantenerla, deben solicitarlo a más tardar el próximo 30 de abril del 2018, suministrando a través de la página web de la autoridad impositiva, la información exigida por la reciente resolución, so pena de perderla.

La última reforma tributaria modificó el tratamiento fiscal de las asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro (Esal), legalmente constituidas, señalando que son contribuyentes ordinarios del impuesto sobre la renta, a menos que sean calificados por la Dian en el Régimen Tributario Especial (RTE). Para quienes reunían con anterioridad esta última cualidad y deseen mantenerla, deben solicitarlo a más tardar el próximo 30 de abril del 2018, suministrando a través de la página web de la autoridad impositiva, la información exigida por la reciente resolución, so pena de perderla.

La diferencia de estos sistemas radica en que para el régimen ordinario, la tarifa del impuesto de las personas jurídicas con ánimo de lucro por el 2017 es del orden del 40 por ciento (renta más sobretasa), por el 2018, del 37 por ciento, y a partir del 2019 el 33 por ciento, mientras que para las Esal del RTE, la tarifa sobre el excedente o beneficio neto es el 20 por ciento, pero si dicho beneficio se reinvierte en las actividades meritorias del objeto social, opera una exención y no tendrían que pagar tal impuesto.

Para estar en el RTE, el objeto social debe ser de interés general, referirse a una o varias actividades meritorias de las señaladas en el Estatuto Tributario, y a estas debe tener acceso la comunidad. Adicionalmente, sus aportes no deben ser reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación.

En concordancia con esto último, se consagraron varios actos que conllevan entender que la entidad efectúa reparto indirecto de excedentes, con lo cual quedaría incursa en causal de exclusión y obligada a tributar bajo el régimen ordinario. El reglamento considera que existe dicho reparto, entre otros eventos, “cuando se genera algún tipo de reembolso para el aportante, respecto de los aportes iniciales que hacen los fundadores al momento de la constitución de la entidad (…) y los aportes a futuro que hacen personas naturales o jurídicas diferentes a los fundadores (…)”.

También previó una serie de situaciones en lo que se denomina “Abuso” del RTE y que también conllevan expulsión del régimen, además de otros casos, cuando existan o se otorguen beneficios o condiciones especiales para acceder a los bienes o servidos ofrecidos por la entidad, a los asociados, representantes estatutarios, o miembros de sus órganos de gobierno o cuando se reciben formalmente como donaciones, dinero, bienes o servicios por los cuales, la entidad retribuye directa o indirectamente al donante como contraprestación implícita por la supuesta donación.

Todo lo anterior implica que se vuelve imperativo en estos últimos días de abril para las Esal, efectuar un autodiagnóstico para establecer si reúnen las condiciones para continuar en el RTE. Adicionalmente, deberán tener especial cuidado en las transacciones de compra de activos, bienes y servicios o venta de ellos, con el fin de evitar proveer a las autoridades tributarias elementos de juicio que las lleven a concluir que se está efectuando una distribución indirecta de sus excedentes o de su patrimonio, y con ello terminen en el camino indefectible de tener que tributar como una sociedad comercial.

 

Suspicacias que no deben propiciarse

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Hace algunos días, la Viceministra de Hacienda informó en los medios sobre la aceptación que ha tenido en los empresarios la modalidad de pago aprobada en la ultima reforma tributaria denominada ‘Obras por Impuestos’. Manifestaba que los cálculos preliminares estiman en 1,9 billones de pesos, la cifra ya vinculada a esta figura. Esta forma de cubrir tributos fue una disposición incluida por iniciativa de la Representante a la Cámara por Bogotá Olga Lucía Velásquez, a quien apoyamos en la redacción de la norma que la establecía, para que fuera incorporada en la ponencia para primer debate en el trámite de la Ley 1819 de 2016.

Lo informado por la funcionaria constituye un aliciente para la adopción de medidas que permiten al sector privado intervenir en la satisfacción de necesidades básicas esenciales, en sectores deprimidos de nuestra geografía que han estado por años al margen de la mano del Estado. Los proyectos a realizar en sustitución de la entrega de impuestos al Tesoro, se relacionan con la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y/o dotación requerida para el suministro de servicios de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública, y la construcción y/o reparación de infraestructura vial, en los territorios de los 334 municipios que fueron los más azotados por la violencia, de manera inmisericorde por 50 años de guerra fratricida.

La bondad del precepto radica en que encontrarán en este la posibilidad de proteger su aporte social a través de los impuestos, del riesgo latente de la corrupción tan generalizada en el acontecer nacional. También, el país podrá, en el inmediato futuro, contrastar la ejecución de obras públicas con menores costos y en menor tiempo, con las que ‘normalmente’ se contratan por las entidades estatales, en especial por algunos alcaldes y gobernadores corruptos.
En el recorrido por diferentes ciudades, que realizamos en los primeros meses de cada año, actualizando a profesionales de la contaduría sobre las novedades tributarias, hemos percibido gran interés sobre el tema. Desafortunadamente, también encontramos el desconcierto de algunos frente a la ausencia de respuesta de la Agencia de Renovación del Territorio y del DNP, que tienen la responsabilidad de cumplir el mandato legal de disponer lo necesario para viabilizar su aplicación. En sus páginas web no aparece el Banco de Proyectos en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (Zomac) que ordenó la ley. Por su parte, el Ministerio de Hacienda que avaló la medida, tampoco aparece en el escenario, salvo para dar la noticia aquí comentada, que, dicho sea de paso, frente a los datos en ella incorporados no reveló de dónde fueron extraídos.
Lo anterior contrasta con la publicidad oficial que se está divulgando en algunos medios para su promoción. Lo preocupante de la deficiencia estatal no es solo que los interesados estén en las nebulosas para acceder al elemento esencial que permite usarlo, sino que el hecho ha propiciado la suspicacia de quienes estiman que esta solo refleja posibles intereses ocultos par beneficiar a unos pocos. Grave daño se ocasiona a un instrumento que debería estar impregnado de una absoluta transparencia, para su credibilidad y mayor cobertura.

 

Barbaridades tributarias

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Se esperaba que esta vez el Ministerio de Hacienda quebrara la costumbre de entregar los reglamentos de la Reforma Tributaria sin la debida anticipación a los últimos días del periodo, en especial aquellos que, por regular el impuesto sobre la renta, aplicaban desde comienzos del 2017. Desafortunadamente, el de Precios de Transferencia apareció el 15 de diciembre, el del Régimen Tributario Especial, el 20 de diciembre, y el del impuesto de renta personas naturales, tres días antes de cerrar el año.

Fueron varias las observaciones formuladas por diferentes medios sobre los borradores. Sin embargo, pocas tuvieron eco y, por el contrario, gran parte de las deficiencias anotadas permanecieron en los textos finales. Se encuentran normas que violan, de forma burda, las legales reglamentadas y otras que, por su deficiente redacción e incongruencia con el sistema impositivo integral, han generado inequidad y confusión.

El primer decreto citado no reguló los ‘Regímenes Tributarios Preferenciales’ que derivan efectos similares a los de los ‘paraísos fiscales’, quedando una gran incertidumbre para determinar por el contribuyente cuando están ante dicha figura y, por tanto, si deben dar o no cumplimiento a las exigencias legales derivadas de las operaciones con empresas cobijadas por ellos.

El que regula el Régimen Tributario Especial, dispuso que el excedente neto a reinvertir para obtener la exención es el ‘fiscal’, con lo que se lleva a las Esal a perder el desgravamen cuando el ‘beneficio fiscal’ es superior al ‘beneficio contable’, pues en este evento no existe forma de invertir nada. Igualmente, contempla sanciones sin respaldo legal y hechos sancionables que ya tienen una consecuencia en el Estatuto Tributario.

Incluso se contradice cuando somete los rendimientos financieros a retención y más adelante afirma que no lo están.

El último trató de resolver el problema de la tarifa aplicable a renta presuntiva, dadas las varias cédulas en que deben declarar las personas naturales. En el proyecto de formulario de renta 2017, la Dian interpretó, correctamente, que cuando se deba liquidar impuesto sobre la presuntiva, la misma se distribuye entre las diferentes cédulas de forma proporcional a las ordinarias incluidas en cada una de ellas. Por el contrario, el reglamento señala: “(…) en el caso en que la renta presuntiva sea mayor, la adicionará como renta líquida a la cédula de rentas no laborales”. De esta manera, obliga a pagar impuestos tanto sobre las rentas líquidas ordinarias cedulares como sobre la renta presuntiva, desconociendo que, según la ley, esta última reemplaza a todas aquellas.

También indica que los excesos de presuntiva se compensarán en los años siguientes con la renta líquida de “la cédula de rentas no laborales”, lo cual conlleva la inequidad de que si esta no existe, se elimina la posibilidad, aun cuando existan rentas en las demás cédulas. Valga anotar que estas disposiciones castigan, en especial, a los pensionados.

Realmente, urge que, con el apoyo de los técnicos de la Dian, que conocen de forma integral el tema tributario y respetan la ley, se revisen los decretos expedidos para que se dicten los correctivos del caso, o, al menos, para que esta entidad, por vía interpretativa, enderece los entuertos y supere las barbaridades incluidas en los ya expedidos.

 

Por la credibilidad institucional

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Las entidades sin ánimo de lucro cumplen una función social importante en la sociedad colombiana. Por lo general, asumen la prestación de servicios de gran trascendencia social e interés público para los ciudadanos, en ámbitos en los que normalmente tanto el Estado, por sus limitadas capacidades presupuestales, como las empresas privadas, por su constante búsqueda de ganancias, no alcanzan a llegar para satisfacer necesidades palpables en el campo de la salud, la educación, la investigación científica y tecnológica, la cultura, la protección del medio ambiente, etc.
La exposición de motivos de la reforma tributaria aprobada a fínales del 2016, afirmaba que algunas de esta instituciones se venían utilizando para privilegiar el interés particular de sus fundadores y/o asociados, e incluso para servir de vehículo de defraudación a los recursos públicos. Igualmente, expresaba que no existía un verdadero control sobre ellas, lo que privilegiaba que gozaran de manera gratuita de un Régimen Tributario Especial (RTE) que les permitía el no pago de impuestos al Estado. En las medidas aprobadas, con vigencia a partir del 1 de enero de 2017, se rediseñó dicho tratamiento fiscal, para que lo mantengan sólo aquellas que cumplan realmente los fines para los cuales fueron creadas.
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Por la forma como fueron redactados sus artículos, en unos casos por remisión expresa, en otros, por los aspectos regulados, su aplicación demanda un decreto reglamentario que las desarrolle e introduzca la claridad suficiente sobre su alcance, todo dentro del marco de las disposiciones objeto del ejercicio de esta función presidencial, tal y como lo exige el orden jurídico colombiano. Para la fecha del presente escrito, y después de varias semanas de haber sido publicado el proyecto de decreto por el Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional aún no lo ha expedido.
Es preocupante que pasados ya casi 8 meses del inicio de la aplicación de la reforma, sólo hayan sido entregados al país unos pocos reglamentos. El relativo al Régimen Tributario Especial para Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro –ESAL- y Cooperativas, y otros más, continúan su muy lento trámite, como si no se tratara de asuntos álgidos de especial importancia para los contribuyentes, quienes tienen derecho a conocer con suficiente anterioridad al vencimiento del período gravable, bajo que parámetros deben cumplir sus obligaciones y cuales van a regir el control por parte de la DIAN.
A lo anterior se suma algo más grave. El proyecto publicado en esta materia no sólo presenta una redacción enredada y extensa, sino que también se encuentra impregnado de ilegalidad en varios de sus contenidos. Miremos algunos ejemplos:
• En relación con las ESAL: Modifica la norma superior sobre determinación del excedente o beneficio neto, interpretando el concepto de “inversión” que resta en la depuración de los ingresos, para someterlo a limitaciones ajenas a lo regulado en ella. Introduce nuevas conductas sancionables con la exclusión del Régimen, a las que el Estatuto Tributario les asigna una sanción diferente, violando, en esta forma, el principio constitucional de no aplicar más de una sanción por los mismos hechos. Incluye una presunción de reparto indirecto de excedentes no contemplado en la ley.

• Para las cooperativas: Desconoce que son del RTE por disposición directa y expresa del legislador y no por su voluntad, luego no les cabe la figura de renuncia, ni de gestión alguna para permanecer en él. Contradice la norma legal que dispone que no les aplica la calificación para estar en el RTE. Al margen de su tratamiento fiscal particular, extiende para ellas el concepto de las “actividades meritorias” previstas únicamente para las ESAL que deben calificarse por la DIAN. Amplía a otros efectos no contenidos en la ley, la obligación de inscripción en el Registro en la WEB de la DIAN. Establece a su cargo obligaciones como las relativas a la permanencia y actualización en el RTE, sin distinguir frente a su singular tratamiento tributario. Ignora que la reforma consagró las causales concretas para su exclusión del Régimen e incluye otros actos sancionables. También desconoce el principio nos bis in ídem (Art. 29 C.P.). Les exige realizar aportes parafiscales por los trabajadores con menos de 10 salarios mínimos, cuando legalmente están eximidos de esta obligación. Desconoce que la determinación fiscal de su excedente debe efectuarse de acuerdo con la normatividad cooperativa.
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No le hace nada bien al señor Presidente, que ha tenido que soportar el deterioro de su imagen como consecuencia de su firme y denodado esfuerzo por entregar a los colombianos un país en paz, no corregir tales deficiencias y, por el contrario, mantenerlas, con un criterio equivocado, al margen de los preceptos legales.
Confiamos en la sensatez del Ministro de Hacienda, para que exija a sus asesores realizar los ajustes necesarios que permitan contar con disposiciones que no violenten la ley reglamentada y que sean, además, breves, sencillas y claras. Esta sería la forma más conveniente de proceder, para no deteriorar aun más la credibilidad institucional, tan maltratada por los tristes escándalos de corrupción de los últimos días.
gcote@globbal.co

 

Perlas tributarias: Servicio al cliente en el ámbito tributario

Artículo publicado en:Dinero

Los consumidores pretenden que los productos y servicios que adquieren para satisfacer sus necesidades reúnan altos estándares de calidad, que tengan un precio justo y, además, aspiran recibir una atención especial y oportuna, durante el proceso de la negociación y con posterioridad a la venta. Cuando la organización empresarial atiende estos elementos en debida forma, obtiene como compensación la fidelización de los clientes y una mayor rentabilidad.
Si bien las entidades en el sector oficial persiguen un objetivo diferente al de los negocios particulares, los conceptos gerenciales de la buena administración también les son aplicables. Por ello, el “servicio al cliente” es un elemento que no debe ser extraño a ellas, así su finalidad sea la de cumplir las funciones que les corresponde ejecutar, según los dictados de las normas que las regulan, a nombre del Estado y en beneficio general de todos los administrados.
Los servidores públicos no deben considerar a los destinatarios del ejercicio de sus funciones, como contrapartes o simples sujetos pasivos de obligaciones legales. Les corresponde mirarlos con el respeto, cuidado y consideración, que a los clientes se otorga en el sector privado. En la medida en que las instituciones establezcan lo necesario para que su personal se comporte en esta forma, al interactuar con los particulares que forman parte de su órbita de acción, con seguridad van a disponer de recursos humanos desburocratizados que rendirán mejor en sus tareas y con ciudadanos satisfechos que, en lugar de mirarlas como enemigos, van ganar confianza en ellas y a cumplir en mejor forma con sus deberes.
En el ámbito de los tributos, estas consideraciones cobran mayor importancia. Siempre ha sido evidente que el correcto cumplimiento tributario resulta afectado en forma negativa por muchas variables: la generalizada corrupción pública, la complejidad de las normas, la falta de funcionarios preparados y competentes en la administración, la ausencia de políticas de control que generen riesgo subjetivo, los deficientes logros de la lucha contra la evasión, entre otros, son factores que afectan el voluntario y cabal desempeño. Pero si se suma la mala atención a los contribuyentes cuando acuden a las oficinas a realizar diferentes trámites, o el deficiente funcionamiento de los sistemas informáticos cuando tratan de cumplir con sus responsabilidades impositivas, los efectos adversos y desestimulantes se multiplican en forma exponencial.
El panorama descrito es palpable en Colombia y se constata en los altos índices de evasión. Sin embargo, hay varios frentes en los que se percibe un esfuerzo de la DIAN, para prestar un mejor servicio. Es el caso de los conceptos generales que sobre la reciente reforma tributaria ha venido elaborando la Subdirección de Doctrina para llenar, en lo posible, el vacío interpretativo originado por la demora en la expedición de sus decretos reglamentarios, las ferias de cobranzas, las jornadas de presencia institucional para atender trámites como inscripción y actualización del RUT, emisión de mecanismos digitales, orientación y capacitaciones en el uso de los servicios en línea. También ha ocurrido algo similar, en la presentación de solicitudes de devolución por parte de quienes determinan saldos a favor en sus declaraciones.
Valga recordar que en virtud de los escándalos de defraudación que se detectaron hace algunos años, cuando algunos facinerosos del sector privado en contubernio con unos pocos funcionarios se aprovecharon de sociedades de papel y exportaciones ficticias para obtener devoluciones indebidas, el procedimiento previsto en el Estatuto Tributario para estos fines fue rediseñado, se hizo más dispendioso y su trámite se volvió demorado, no sólo porque se amplió la oportunidad que tienen los funcionarios para decidir, sino que se volvió común juzgar la conducta de los solicitantes en forma contraria a la de la buena fe, tal y como lo estipula nuestra Constitución Política.
Esta situación ha venido afectando a quienes realmente tienen derecho a cobrar valores ciertos que corresponden a operaciones reales y que, de no recuperarlos en el menor tiempo posible, resultan afectados en el flujo de caja y en su actividad económica.
Por norma general, las peticiones de devolución deben ser presentadas a través de los sistemas informáticos. Sin embargo, hay casos en los que el contribuyente debe acudir a las oficinas de impuestos a concretar su radicación, previa la asignación de citas que se otorgan para varios meses después. Hoy por hoy, la generalidad de los interesados hacen votos porque la entidad realice un empeño mayor para concederlas para instancias más próximas y para que, una vez iniciado su trámite, el funcionario de turno respete la Ley Anti-trámites corrigiendo de oficio errores formales que no afectan los valores de las declaraciones. Esto último evitaría someter al ciudadano a repetir el tortuoso camino de las citas para presentar nuevamente su solicitud, con una pérdida de tiempo a todas luces injustificada.
No obstante lo anterior, resulta grato registrar opiniones favorables sobre la forma en que hoy se atiende a quienes hacen presencia física para estos menesteres en la Dirección Seccional de Bogotá. En esta administración, según estos testigos, se ha dispuesto una cómoda oficina con funcionarios que, además de estar debidamente preparados en los temas legales técnicos, dan un trato muy especial y considerado a quienes allí acuden a realizar esta clase de gestiones. Este comportamiento debe ser registrado como un ejemplo de lo que debe ser el “servicio al cliente” en una entidad del Estado, máxime cuando se trata del organismo que controla y administra un tema poco querido, pero imperativo para todos. Ojalá este proceder se refleje en otros ámbitos y dependencias de la DIAN, para bien de los contribuyentes y del Estado colombiano.
PRECISION: En la columna anterior se mencionó la interpretación ilegal de la DIAN que sometió la exclusión del IVA de los servicios de hosting, cloud computing o mantenimiento a distancia, a una reglamentación por parte del Ministerio de las TIC. Celebramos que la oficina jurídica de la entidad en Concepto No.877 del 8 de mayo de 2017, dado a conocer recientemente, haya rectificado su posición inicial, para precisar que la vigencia de esta exclusión no exige reglamentación alguna.

 

Respeto a los textos legales claros

Artículo publicado en:Portafolio

Han pasado tres meses desde que el país recibió la ‘grata noticia’ de la aprobación de la nueva reforma tributaria. Los contribuyentes, contadores y especialistas, han dedicado este periodo a la lectura y análisis de su extenso contenido, con miras a desentrañar el alcance de los diferentes cambios que, solo a nivel del Estatuto Tributario Nacional, comprenden la afectación de más de 400 artículos, entre modificaciones, adiciones y supresiones.

Por su parte, la Dian ha tratado de dar respuesta, dentro de su limitada capacidad de acción y por vía de conceptos, a algunas de las dudas expresadas por los contribuyentes, relacionadas con el cumplimiento inmediato de obligaciones que requieren una solución urgente. Sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente. Incluso, en algunos casos, se ha orientado a tratar de neutralizar efectos no deseados de las normas expedidas.

Esto último se evidencia en los pronunciamientos emitidos en relación con la posible derogatoria del Cree por el año 2016 y con la eliminación, para las entidades cooperativas, de la obligación de efectuar aportes al ICBF, al Sena y al régimen contributivo de salud por trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales.

En el primero de los casos, el concepto de la Oficina Jurídica de la entidad no se refiere para nada a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, citada en este mismo espacio el pasado mes de enero, sobre la interpretación del Art. 338 de nuestra Constitución y su incidencia en los efectos de la nueva ley, por la forma como fueron incorporadas las derogatorias en su artículo final, que llevaría a una conclusión diferente a la de que el Cree mantiene vigencia por el 2016.

Por su parte, el Director de la Dian sustenta la no eliminación de los aportes mencionados para las cooperativas, en algunos párrafos de la exposición de motivos del proyecto de ley y en la interpretación sistemática de la norma que regula el punto para la personas jurídicas, en conjunto con las reglas que rigen la nueva tarifa del impuesto de renta para esta clase de contribuyentes.

Esta última argumentación ignora un parágrafo de la norma que exime a las personas jurídicas de la obligación de aportar por los conceptos anotados, en el que se afirma que “las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial estarán obligadas a realizar los aportes”. Si se tienen en cuenta, adicionalmente, las disposiciones del nuevo Régimen Tributario Especial de las entidades sin ánimo de lucro y de las cooperativas, tendría que aceptarse, por la fuerza de la claridad de sus textos, que estas entidades del sector solidario colombiano están inmersas en el grupo que aparece excluido de los aportes, porque además de ser “personas jurídicas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta”, su ubicación en dicho régimen deriva directamente de la ley, sin requerir calificación alguna por parte de la Dian.

Pareciera que para los funcionarios de impuestos no existe el principio de hermenéutica jurídica, consagrado en el Art. 27 del Código Civil, que predica: “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.

En aras de la vigencia del Estado de Derecho y de la obligación de no entorpecer la administración de justicia, generando procesos judiciales innecesarios, sería prudente que los servidores públicos que están preparando los urgentes decretos reglamentarios por expedirse, en su elaboración tengan presente el principio mencionado.

Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcotep@yahoo.com