Escándalos y amnistías

Artículo publicado en:Portafolio

El mundo se ha estremecido con la noticia hecha pública en Europa sobre la ‘Lista Falciani y el papel que jugó el Banco HSBC al facilitar el ocultamiento de capitales a un número importante de personas, incluidas algunas figuras muy destacadas en sus países y una buena cantidad de colombianos.
Para nuestro caso, la prensa habla de 286 conciudadanos y de una cifra en dinero de 276,4 millones de dólares (659.000 millones de pesos). El escándalo toca temas significativos que preocupan a las autoridades, pues no solo está de por medio el de la evasión tributaria, sino el origen de los recursos, que bien pueden corresponder a la comisión de ilícitos. En aquellos casos en que la situación queda ubicada en el campo eminente de la burla al fisco nacional, debe reiterarse lo expresado por el Ministro de Hacienda, sobre que el solo hecho de tener activos en el exterior no constituye un delito o una infracción tributaria.
Colombia, al igual que otros países, contempla el principio general de la renta mundial y el de la incorporación en la tributación, para la generalidad de los contribuyentes, tanto del patrimonio poseído en el país como en el exterior. Patrimonio que debe comprender la totalidad de los activos y solo puede afectarse con pasivos reales.
Ante la sentencia de la Corte Constitucional, que tumbó la amnistía de la reforma del 2012, que pretendió la declaración de activos omitidos y la exclusión de pasivos inexistentes, en la ley expedida en diciembre pasado, se adoptó un mecanismo bajo el ropaje de ‘un impuesto de normalización tributaria’, que busca que los contribuyentes ‘sinceren’ la realidad de sus patrimonios.
Pero el Gobierno y el Congreso no se contentaron simplemente con este instrumento. Al igual que en las anteriores ocasiones, impulsaron y aprobaron una serie de saneamientos, entre los cuales vale destacar el que permite subsanar todas las irregularidades cometidas, mediante la corrección de las declaraciones o la presentación de los denuncios rentísticos omitidos. Para lo anterior, se cuenta con un amplio margen según la interpretación de la Dian, siempre y cuando se proceda a ello a más tardar el próximo 27 de febrero del 2015. Fecha que con seguridad fue prevista con tanta proximidad para evitar los efectos de posibles sentencias adversas de la Corte.
Las amnistías en este campo no están prohibidas de forma expresa en nuestra Constitución, pero sí en forma implícita, por cuanto con ellas se rompe el principio de equidad y justicia del sistema tributario: se premia a los incumplidos y se castiga a quienes pagan sus impuestos de manera correcta, oportuna y completa. Además del terrible daño que originan en la cultura tributaria, pues desestimulan el cumplimiento voluntario. Lo triste para Colombia es que se volvieron costumbre reiterada en todas las reformas que se proponen y aprueban en el Congreso.
A pesar de lo anterior, el ‘selecto grupo de colombianos’ comprometido en el escándalo del ‘Swiss Leaks’, tiene en ellas una oportunidad de oro para sanear sus deficiencias tributarias y ponerle la cara al país aportando, al menos hacia el futuro, un poco de lo que dejaron de entregar a la sociedad cuando en el pasado obtuvieron los recursos que ocultaron.
Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcote@globbal.co

 

Obligaciones Tributarias Urgentes de las Sucursales y Establecimientos Permanentes

  • •NUEVA OBLIGACION. Estudio para la atribución de las rentas y ganancias ocasionales a cada establecimiento permanente y/o sucursal.

La última reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) señaló que a partir del año 2013,  los establecimientos permanentes y sucursales de empresas extranjeras en Colombia, deben  llevar  una contabilidad separada, la cual debe estar debidamente soportada en un Estudio para la atribución de las rentas y ganancias ocasionales a cada establecimiento permanente y/o sucursal.

Su preparación debe hacerse de acuerdo con el Principio de Plena Competencia (PPC), para efectos de la determinación de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos que les son atribuibles durante un año o periodo gravable.

 El no contar con el estudio, o poseerlo sin la adecuada elaboración técnica, conlleva una irregularidad en la contabilidad que puede ser sancionada por la DIAN con multas hasta de 20.000 UVT ($549.700.000 para el año 2014), sin perjuicio del posible rechazo de costos y deducciones.

  • OBLIGACIONES EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA: Declaración Informativa y Documentación Comprobatoria

Como todos los años, las empresas que durante el 2013 hayan realizado operaciones con vinculados ubicados en el exterior y cumplan las demás condiciones indicadas en el Estatuto Tributario, deben presentar ante la DIAN, la declaración informativa de Precios de Transferencia y la Documentación Comprobatoria, con las cuales demuestren, que las mismas cumplen el Principio de Plena Competencia. Los plazos para cumplir con estas dos obligaciones, vencen el próximo mes de septiembre.

Adicionalmente, la misma reforma tributaria atrás mencionada   introdujo cambios en el Régimen de Precios de Transferencia a partir del año 2013 y señaló que las  empresas deben cumplir con las obligaciones en esta materia, por las operaciones que realicen con sus vinculados que estén ubicados en Zona Franca.

El incumplimiento de estas obligaciones genera igualmente sanciones cuantiosas.

La nueva reforma tributaria

Por: Gustavo H. Cote Peña

Se repite la película de proponer reformas impositivas parciales, con los efectos de incertidumbre jurídica que tanto afecta, las decisiones de inversión con perspectivas de largo plazo.

Como se dijo en los medios de comunicación, el nuevo proyecto no corresponde a la reforma estructural anunciada hace algunos meses. La iniciativa no pretende mayores recaudos y busca, entre otros puntos, imprimir mayor progresividad al sistema, persiguiendo que los contribuyentes con más capacidad de pago respondan por un monto más alto de impuestos, sin que pierdan los privilegios impositivos que contempla la legislación vigente.

Resulta loable, y merece justo reconocimiento, el que se proponga aumentar el aporte tributario de los contribuyentes económicamente más pudientes del país y corregir las distorsiones que presentan las tarifas del impuesto sobre renta en contra de las personas con menores ingresos.

También lo es, la intención de aliviar la carga que pesa sobre la nómina para sustituirla por recursos públicos del presupuesto, pues con ello se estimula el empleo, la formalización de la fuerza laboral y la eliminación de conductas ilegales asociadas a mantener a buena parte de los trabajadores por fuera del sector formal, que cotiza a la seguridad social.

La decisión de disminuir la multiplicidad de tarifas en el campo del impuesto sobre las ventas rescata algo de simplicidad en el manejo del tributo.

Esta última deficiencia afecta a la administración tributaria y a los responsables del impuesto, porque dificulta el control y el cumplimiento.

No obstante lo anterior, se echa de menos la decisión política de no romper prerrogativas.

No hay mayor enemigo de la equidad que la existencia de exenciones y concesiones tributarias, pues favorecen solo a determinados sectores de la economía, sin compensar de manera significativa o, en algunos casos, de ninguna forma, el costo fiscal que asume toda la sociedad por el ahorro tributario de quienes se benefician con ellas.

La ausencia de una reforma integral permite asumir que continuará, en contra del Estado y de los contribuyentes, la complejidad de las normas sustanciales y procedimentales del actual Estatuto Tributario.

Esta realidad genera dificultades para aplicar la ley, conlleva confusiones, incertidumbre y, en ocasiones, abusos por parte de los funcionarios de control.

Ejemplo de ello, las citas para presentar solicitudes de devolución para varios meses después y el término para su decisión. La simplicidad y agilidad, combinadas con el control interno y externo, periódico y eficaz en la Dian, son los mejores instrumentos para luchar contra la defraudación y la corrupción.

Sería conveniente que, mediante la combinación de medidas adicionales referidas a la eliminación de beneficios en renta, la ampliación de la base del impuesto sobre las ventas, la disminución de la tarifa máxima del impuesto sobre la renta, con normas procedimentales verdaderas de simplificación y agilización en los trámites que deben realizar los contribuyentes y los responsables ante la Dian, el Congreso pudiera entregar al país una reforma más enriquecida que corresponda al clamor de la generalidad de los técnicos y que, además de ser favorable a la economía y la recaudación, permita rescatar, en una mayor dimensión, los principios de progresividad y equidad.

Gustavo H. Cote Peña

Exdirector de la Dian

Errores que cuestan

En los primeros meses del 2011, el país se enteró de un error involuntario en el trámite de la Reforma Tributaria adoptada por la Ley 1430 de 2010 (Diario Oficial No.47937 de fecha 29-12-10), cuyas consecuencias no son de poca monta.

Existen evidencias sobre que la inserción del texto aprobado por el Congreso y sancionado por el Presidente de la República, se produjo el 4-01-11 a las 9:51:54 y la fecha y hora en que se realizó la impresión del Diario Oficial fue el 5 de enero del 2011 a las 2:15 p.m.

La fecha real de inserción de una ley en el Diario Oficial tiene la gran trascendencia de definir a partir de cuándo empiezan a tener efecto las disposiciones en ella contenidas.

Cuando la ley aprueba medidas de carácter tributario que regulan impuestos de periodo, dicho momento incide en la determinación del periodo a partir del cual resultan aplicables.

La Corte Constitucional ha sido contundente en sus apreciaciones alrededor de este requisito para la vigencia de la Ley y de otros actos generales, advirtiendo que no se trata de una simple formalidad, sino que constituye un elemento esencial que debe corresponder a la realidad de las fechas en que se produce tal hecho.

En Sentencia C-141 del 26-02-10, se analizó una situación similar a la que ahora es objeto de preocupación. En ella se expresó: “(…) el (…) Decreto 4742 de 2008, (…), no podía producir efectos si no a partir del momento en que fue publicado en el Diario Oficial, medio que el legislador determinó como adecuado para satisfacer la exigencia de publicidad en nuestro sistema jurídico, lo que se produjo hasta el día 17 de diciembre del 2008, a partir de las 18 horas 20 minutos; (…). (…) Para la Corte resulta irrelevante que el Diario Oficial publicado el día 17 de diciembre a las 18 horas y 20 minutos tuviese fecha 16 de diciembre, pues este formalismo no sanea la afectación al principio de publicidad fundamental en el accionar del órgano legislativo”.

Cuando empieza el 2012, el error comentado cobra fundamental importancia, en especial por la derogación de la “deducción por la adquisición de activos fijos productivos”, la cual, en estricto sentido constitucional, aplicaría a partir del 2012. Por la presunción de legalidad del Diario Oficial del 29-12-10, algunos opinan que la Ley tuvo y tiene plena aplicación hasta tanto los jueces no digan lo contrario.

El Ministerio Público advirtió, en el proceso que cursa ante la Corte Constitucional, que si las pruebas permiten establecer los hechos alegados, existen serios problemas de inconstitucionalidad por el principio de irretroactividad de las normas tributarias.

A esta alta corporación le corresponde hacer un gran favor a la eliminación de la incertidumbre existente, profiriendo la sentencia del caso con anterioridad al vencimiento de los plazos para presentar las declaraciones de renta del 2011 con precisión de sus alcances, con el fin de garantizar que el Ministerio de Hacienda y la Dian reconozcan, sin obstáculos, sus efectos a favor de los contribuyentes.

Los errores se pagan y este axioma no puede ser extraño al Estado, máxime cuando se trata de respetar el orden jurídico que nos rige.

GUSTAVO HUMBERTO COTE PEÑA

Ex director de la Dian

Incidente de impacto fiscal’

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El Ministerio de Hacienda informó que el ministro Cárdenas radicó ante la Corte Constitucional la sustentación del Incidente de Impacto Fiscal contra la Sentencia C-492 de 2015, que permite la deducción del 25% de los ingresos laborales en el sistema de determinación Iman/Imas, argumentando que esa decisión judicial conlleva un significativo costo fiscal y beneficia a personas de ingresos más altos.
La solicitud es la de “diferir los efectos del fallo por un año, para que, en el marco de la reforma tributaria estructural, se revise de forma sistemática, integral y uniforme el ordenamiento tributario, en su conjunto, y, en particular, los beneficios existentes”.
Las disposiciones que regulan la figura judicial, señalan que los magistrados decidirán “…si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal”. Además, preceptúan que en ningún caso puede invocarse la “sostenibilidad fiscal” para menoscabar los derechos básicos, restringir su alcance o negar su protección efectiva.
El costo fiscal, originado en la deficiente redacción y trámite de las normas del Iman/Imas, que originó la Sentencia, se estima en 335 mil millones anuales. Suma nada despreciable, si se tiene en cuenta la difícil situación que presentarán las finanzas públicas por factores externos para el 2016 y siguientes. El impacto negativo mencionado, indiscutiblemente afecta la sostenibilidad fiscal de la Nación.
Sin embargo, frente a la justa tribulación del Gobierno, existen algunas preocupaciones sobre los obstáculos derivados de la misma Sentencia y de las normas que regulan el Incidente, que impiden asegurar que pueda prosperar en forma favorable.
El primero se observa en que la Corte en su Sentencia, además de advertir que no tenía competencia para introducir diferencias en el universo de beneficiarios de la exención y por ello debía extenderla hacia todos los empleados obligados a aplicar el Iman, moduló los efectos de la decisión en el tiempo hasta el año gravable siguiente al del fallo (2016), lo que, en la práctica, conlleva que las finanzas públicas solo se vean afectadas a partir del 2017.
Este diferimiento fue sustentado para evitar un “alto sacrificio en la planeación, el presupuesto de las rentas públicas y la sostenibilidad fiscal”, anticipando un mensaje claro al Gobierno Nacional para que, si lo consideraba prudente, realizara los ajustes legislativos necesarios en el 2015, opción que hasta la fecha no ha sido intentada.
El segundo tiene que ver con la razón que fundamentó la decisión de la Sentencia, pues como obedeció a la protección de derechos sociales reconocidos en el pasado, la Corte podría llegar a considerar que se está invocando la sostenibilidad fiscal para menoscabar derechos esenciales, restringir su alcance o negar protección efectiva, en contra de la prohibición de la Constitución y la ley.
Independiente de la decisión final, queda clara la ‘voluntad’ del Gobierno de impulsar la reforma tributaria estructural. Voluntad que, además de la revisión integral del ordenamiento tributario, debería comprender su simplificación en general y, en especial, la de los sistemas complejos de determinación del impuesto para las personas naturales, sin sacrificar la tributación de las de más capacidad contributiva, ni la justa y proporcional contribución de los que perciben ingresos medios y bajos.
Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian

 

Efectos inesperados de la reforma

Artículo publicado en:Portafolio

Los cuestionamientos formulados al rápido trámite de la reforma tributaria en el Congreso no impiden reconocer el juicioso trabajo de los ponentes, quienes con seriedad dedicaron ingentes horas al estudio a la propuesta y a la preparación de las ponencias que fueron discutidas en extensas sesiones, hasta su aprobación final.

Además, durante el proceso existió un constante empeño de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Dian en la defensa de la esencia recaudatoria del proyecto, ejerciendo gran parte del control a los ajustes y actuando como un verdadero muro de contención ante la mayoría de las pretensiones de sectores que consideraban afectados sus intereses.

Queda ahora la tarea de procesar el alcance de las medidas para establecer no solo a partir de cuándo aplican, sino también cuáles son sus efectos concretos.

El ejercicio encuentra obstáculo en la redacción deficiente de algunos textos, los cuales, en unos casos, llevan a poner en duda su verdadero impacto, y en otros, generan consecuencias que se apartan de la voluntad que creyeron plasmar sus redactores.

Ejemplo de lo anterior, fue la confusión en relación con la fecha en que empezaban a regir los cambios en el IVA, la cual fue aclarada a finales del 2016 en un comunicado de la Dian, a pesar de que contradijo la literalidad de la norma de transición en relación con los servicios.

Otro problema que surge es el de aquellos “efectos inesperados”, que en forma desafortunada se perdieron de vista en el análisis del fragoso conjunto del articulado durante su proceso de aprobación y expedición.

Entre ellos, el descuadre de las cuentas oficiales por la aplicabilidad de la derogatoria del Cree para el año 2016, dada la promulgación de la Ley el 29 de diciembre. Hecho que, con seguridad, no estaba dentro de los planes del Ministro de Hacienda.

El Artículo 338 de la Constitución regula la vigencia de las normas sobre tributos de periodo. La Corte Constitucional, al referirse a este punto, ha precisado que “… cuando la Constitución dice que las leyes tributarias no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, … La palabra periodo, por estar libre de cualquier calificativo, no coincide con la noción, más restringida, del periodo gravable anual, característico del impuesto a la renta y complementarios. Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el mismo periodo sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución”.

Y en relación con las derogatorias, ha señalado: “…cuando benefician al contribuyente, tienen efecto general inmediato y, por lo tanto, principian a aplicarse a partir de su promulgación, a menos que el legislador, de manera expresa, advierta lo contrario….”.

En estricto sentido, lo dicho por la Corte conduce a aceptar la no existencia del Cree por el año gravable 2016. En esta forma, los contribuyentes quedarían liberados del tributo y tendrían derecho a devolución de los pagos que se efectuaron en dicho año vía las retenciones en la fuente.

Por su parte, el Gobierno tendría que enfrentar la cruda realidad de una pérdida recaudatoria aproximada de 7,6 billones de pesos. Quedará esperar el pronunciamiento de las autoridades tributarias sobre el tema y las conclusiones finales de los jueces, en el evento en que aquellas lleguen a apartarse de la conclusión expuesta.

Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcotep@yahoo.com

 

Acuerdo de paz tributario

Artículo publicado en:Portafolio

Para marzo próximo, el Gobierno aspira a culminar el proceso de paz con las Farc y a presentar el proyecto de reforma tributaria Estructural derivado de las recomendaciones del informe final de la Comisión de Expertos.
La consolidación de la paz demanda un cambio de pensar y de actuar, de forma que se desarraigue la vieja costumbre de ser intolerantes y de actuar sin respetar a las personas, las leyes y las instituciones, para sustituirla por la regla de “no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan”. El ambiente de concordia deberá ser el que rija todas las relaciones, ya sean familiares, sociales, públicas o privadas.
En esta etapa también se impone efectuar una modificación profunda al régimen impositivo que se ha venido transformando en un sistema ‘agresivo’.
La realidad es que las empresas, cuando tratan de cumplir con su deber de contribuir a las cargas públicas, enfrentan una especie de ‘violencia institucional’ en su contra. La ‘agresión’ se concreta en unas tasas de las más altas del continente que afectan sus utilidades, inciden en una menor competitividad de los negocios y llevan al replanteamiento de las decisiones de ubicación geográfica de las nuevas inversiones.
La ‘hostilidad’ se percibe en beneficios para unos determinados sectores, en el impacto regresivo de la carga de algunos contribuyentes, en impuestos que por recaer sobre el patrimonio castigan la inversión y en tributos que estimulan las transacciones en efectivo favoreciendo el flujo de dineros de dudoso origen.
También, en procedimientos complejos, en la conducta de algunos funcionarios de la Dian que desconocen el principio de la buena fe o toman decisiones porque sí, a pesar de ser contrarias a la ley; en los sistemas informáticos poco robustos e ineficientes, en reportes de información fiscal que no es utilizada y en la ausencia de suficientes recursos para el control de la evasión.
A lo anterior se suma –sin contar la tributación territorial– un conjunto normativo integrado por 881 artículos del Estatuto Tributario, 1328 reglamentos del mismo, según el proyecto de decreto único recientemente publicado por el Gobierno que los conforma en un solo cuerpo, y un sinnúmero de leyes sueltas que generan un alto costo de cumplimiento y colaboración con el sistema, pues integran un laberinto lleno de vericuetos, en el cual cualquier esfuerzo de comprensión por parte del ciudadano común y corriente es absolutamente imposible.
La mayoría comparte la idea de que solo en la medida en que se aporte al presupuesto público se logra que el Estado cumpla sus fines constitucionales en beneficio de todos, viabilice la redistribución del ingreso y materialice la solidaridad social con los menos favorecidos.
Pero es apenas razonable que el esfuerzo del sector privado se haga dentro de un panorama menos ‘belicoso’.
Con seguridad, los niveles de recaudación serían sustancialmente mayores si se contara con un régimen más equitativo, pacífico y amigable. Al Ministro de Hacienda le corresponde la responsabilidad de generarlo.
Para ello, la reforma tributaria del 2016 debería ser la oportunidad de concretar una especie de ‘acuerdo de paz con los contribuyentes’ que se traduzca en un sistema con tasas de renta justas y progresivas, formas de determinación del impuesto sencillas, sin tributos a la inversión ni sobre las transacciones bancarizadas, con un conjunto de disposiciones legales sustancialmente menor, procedimientos simples y fortalecimiento de la Dian para que pueda cumplir su labor en forma más eficiente.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcotep@yahoo.com

 

Cambio de Reglas Tributarias

El país ha sido testigo de una innegable improvisación en la expedición de los decretos de Emergencia Social para reformar el sistema de salud, demostrada con la ya reiterada voluntad de rectificación de varias de las medidas inicialmente adoptadas, por parte de quien suscribió tales decretos como Presidente de la República.

Nadie puede llamarse a dudas; el señor Presidente de la República, en quien radica la única titularidad de la potestad constitucional para adoptar los Estados de excepción, así insista en poner distancia frente a las medidas adoptadas y ubicar, incluso en forma no apropiada, la responsabilidad en cabeza de su ministro del ramo, no puede eludir su participación frente a la nave que hace agua y que no sólo ha desgastado su imagen, sino que ha generado un pánico generalizado e innecesario en la población, que aún no ve claridad suficiente sobre las expectativas de cubrimiento real y efectivo de su sagrado derecho fundamental a la salud.

Este estilo de adopción de medidas inconsultas, sorpresivas, tardías y sobre la marcha, también viene dándose en otros escenarios que tocan la vida nacional. Es innegable que el uso de la tecnología redunda en beneficios, tanto para el Estado, como para quienes deben cumplir deberes legales.

Lo que no se compadece, es que cuando ya las empresas han empezado a jugar con unas reglas predefinidas, se vean sorprendidas con unas nuevas que son adoptadas sobre la marcha.

No fue gratuita la norma de la Constitución (Artículo 338) sobre aplicación de las nuevas normas que rigen impuestos de período a partir del siguiente ciclo a aquel en el cual han sido expedidas, pues busca dar certeza suficiente a los contribuyentes, con la debida anterioridad, sobre las normas que le van a ser aplicables en el período posterior. Esta regla venía siendo respetada por la Dian en la generalidad de sus decisiones.

En enero del 2009 la Dian expidió las Resoluciones No. 065 y 638, señalando que los contribuyentes, responsables y agentes de retención que debían declarar en forma virtual, serían aquellos que debían reportar información exógena de la misma manera. A su vez indicaba que en el caso de IVA y retención, aplicaba a partir del segundo período siguiente al acto del cual derivaba dicho deber, y en las demás declaraciones, a partir del período siguiente.

Con estas reglas las empresas empezaron a declarar en el 2010. Ahora se expide la Resolución No.001336 el 16 de febrero pasado, que extiende la modalidad de declaración virtual a todos los contribuyentes con ingresos en el 2008 superiores a 500 millones de pesos, indicando su aplicación para los NIT terminados en 001 a 499, a partir del 10 de abril de 2010, y para los terminados en 500 a 000, a partir de junio del mismo año.

Incluso establece términos para obtener de la Dian la firma digital, con vencimientos para algunos contribuyentes en el mismo día de su publicación (diario Oficial No.47626 del 17 de febrero de 2010), fecha en la que, por razones obvias, resulta difícil su conocimiento general.

El manejo de medidas como la aquí comentada, que si bien son positivas, generan sorpresas innecesarias a los contribuyentes, pues a más de colocar a algunos en situaciones insalvables, como la de conocerlas cuando ya están vencidos los términos, le demandan sobre la marcha hacer ajustes en sus sistemas, para adaptarlos a los nuevos requerimientos impositivos.

Quiera Dios que en este campo como en otros más, y para bien de todos los colombianos, se rectifique el camino, para no deteriorar aún más el programa gubernamental de generación de ‘la Confianza Inversionista’..

Obras por impuestos

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En nuestro diario vivir, no pasa un solo día sin que los medios de comunicación, y esto para fortuna de todos, dejen de denunciar hechos asociados al despilfarro de los dineros del Estado, ya sea por los sobre costos de los contratos públicos, o por sobornos pagados para garantizar el favorecimiento ilegal en su adjudicación.

Este fenómeno, que pareciera ser un verdadero karma de nuestra querida y dolida Colombia, según la Contraloría General tiene un costo de $50 billones al año. Sus causas no pueden asignarse solo al sector público. Hay que reconocer que, en la generalidad de los eventos, la intervención del sector privado, al estimular en unos casos o aceptar en otros, resulta clave para que se den las conductas asociadas con ella.

Hoy, es mayor el número de personas que expresan su preocupación por el destino de los impuestos, formulando la trillada frase de que “para que se pagan, si se los roban”. Sin embargo, estos tristes hechos no justifican el incumplimiento de los deberes tributarios y, mucho menos, la descalificación del Estado como ejecutor de obras públicas.

Es importante registrar que, como una respuesta al pesimismo mencionado y por iniciativa de la representante Olga Lucía Velásquez, en su condición de ponente, colaboramos en la redacción de una norma, que aprobó la última reforma tributaria, que le permite a los empresarios cancelar el impuesto sobre la renta y complementarios con obras públicas ejecutadas por ellos mismos. La figura, si bien difiere de la propuesta inicial que era más ambiciosa, permite a las sociedades pagar hasta del 50 por ciento del tributo, mediante la inversión directa en proyectos prioritarios de trascendencia social ubicados en la jurisdicción de los más de 300 municipios que integran las denominadas Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto).

Se trata de proyectos de suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública, construcción y/o reparación de infraestructura vial. La ley no solo señaló los lineamientos generales que deben ser cumplidos para este fin, sino que dispuso que el Gobierno debía reglamentarla en los 3 primeros meses de su vigencia. El Ministerio de Hacienda ya publicó un borrador del decreto, pero a la fecha de entrega de estas líneas aún no ha sido expedido.

En Perú, el mecanismo lleva operando varios años con buenos resultados. En el diario Gestión de dicho país, se encuentra que durante el 2016 permitió realizar obras por un valor de US$219,4 millones. Para el 2017 aspiran llegar a 490 millones (1,4 billones de COP). Incluso, han orientado su inversión a la reconstrucción de áreas afectadas por los fenómenos climáticos.

En nuestro caso, también es previsible que su aplicación pueda dar rendimientos similares. Para ello se requiere una amplia divulgación y disponer procedimientos que no entorpezcan su implementación. La promoción en el país vecino destaca beneficios para los contribuyentes que son evidentes: la empresa privada asocia su imagen con obras de alto impacto social, mejora la eficiencia de sus programas de responsabilidad social y conoce en dónde están invertidos sus impuestos. Si se contara ya con el reglamento, el Gobierno Nacional tendría una herramienta para promover el apoyo efectivo a nuestros compatriotas de Mocoa, y de los demás lugares del país que han sido azotados no solo por la violencia en el pasado, sino por el actual y duro invierno.

Exdirector de la DIAN
gcotep@yahoo.com

 

Tempestad y calma tributaria

Artículo publicado en:Portafolio

Como siempre, después de la tempestad viene la calma. Así se ve el panorama nacional una vez aprobada la reforma tributaria. Luego de un gran esfuerzo de concertación por parte del Gobierno Nacional con los gremios económicos y los parlamentarios, se convirtieron en ley, con algunas modificaciones, las medidas propuestas para asumir el hueco fiscal del 2015 y sortear, aunque solo en parte, las necesidades de recursos para los tres años siguientes. La caída aún sin fondo del precio del petróleo y las limitaciones en su producción nacional, continuarán afectando los ingresos del fisco. La concreción del proceso de paz, esperada para este año, demandará nuevos esfuerzos de los colombianos para cubrir las necesidades del posconflicto.
Como ocurre con todas las reformas, sigue ahora la tarea de la Dian de preparar la reglamentación necesaria que permita su fácil entendimiento y aplicación. Se espera en esta materia que el resultado de dicha responsabilidad, a diferencia de la experiencia vivida con la reforma del 2012, no solo no se demore, sino que provea la certeza suficiente sobre su contenido, a fin de evitar la incertidumbre vivida durante el 2013, con la adopción de normas e interpretaciones rectificadas de manera constante.
Igualmente, el país tiene la esperanza de que para este año, la Dian tenga una mayor consideración con las empresas, y disponga que sus sistemas informáticos funcionen con la debida anticipación y de forma correcta y eficiente. Pues no se justifica que nuevamente se vean afrontando sus fallas constantes y que solo sean habilitados para cumplir con los deberes formales unos pocos días antes de los vencimientos, con el riesgo de soportar gravosas sanciones económicas.
Para los contribuyentes no solo viene el esfuerzo de procesar las normas aprobadas por el Congreso, sino además las reglas fiscales acostumbradas de fin de año. En diciembre pasado se expidieron los decretos de plazos legales junto con otros más que marcan el derrotero del cumplimiento en el 2015. Entre estos últimos, se incluyeron las disposiciones que estaban en mora de desarrollar de la reforma del 2012, que tenía como fin que “durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigencia de las NIIF, esto es, a partir de la fecha en la cual los estados financieros se preparen con base en el nuevo marco técnico normativo, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas, con el fin de permitirle a la Dian medir los impactos tributarios de la implementación de las NIIF y proponer la adopción de medidas legislativas que correspondan”.
El decreto incorpora un cronograma de trabajo para la Dian, precisa la forma de contar los cuatro años para cada grupo y adopta, para los contribuyentes que deben llevar contabilidad, la obligación de soportar sus declaraciones tributarias con un sistema de registro de todas las diferencias que surjan entre los nuevos marcos técnicos normativos y las bases fiscales. También contempla como opción, en reemplazo de dicho sistema, el denominado Libro Tributario para registrar los hechos económicos junto con la determinación de los tributos. Si bien la administración tributaria cuenta por ley con cuatro años para medir dicho impacto, sería conveniente que efectúe una valoración inicial en los próximos 12 meses, con el fin de que sus conclusiones preliminares puedan ser consideradas por la Comisión de Expertos adoptada por la ley de reforma recién expedida para el estudio del sistema tributario colombiano.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcotep@yahoo.com