Proyectos De Ley Tributarios

Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la Dian
Socio de MBC Morison Consulting.

A pesar del quehacer político que mantiene entretenidos a los miembros del Congreso de la República, por la necesidad de tomar decisiones para afrontar la contienda electoral que tendrá lugar en los primeros meses del próximo año, han sido radicados en la Cámara de Representantes dos proyectos de ley de carácter tributario que de ser aprobados implicarán importantes cambios en las relaciones jurídicas de los contribuyentes con el Estado.

Se trata del Proyecto de Ley No. 141/05C “Por la cual se modifican unos regímenes especiales y se elimina el impuesto de remesas para estimular la Inversión” y del Proyecto de Ley No. 136/05C “Por medio de la cual se dicta el Estatuto de los derechos y garantías del contribuyente y del usuario aduanero y cambiario”

El primero de ellos pretende resolver la situación jurídica que deben afrontar las Zonas Francas y los proyectos industriales admitidos a las Zonas Especiales Económicas de Exportación a partir del 31 de diciembre del año 2006, fecha en la cual vence el plazo final otorgado a Colombia por la Organización Mundial del Comercio -OMC–, para que cumpla con su compromiso de terminar de desmontar las subvenciones a las exportaciones de productos industriales.

El proyecto, además de otorgar un marco jurídico que atraiga la inversión a estas zonas especiales, busca dotarlas de un régimen preferencial de carácter tributario, cambiario y aduanero, acorde al nuevo contexto del comercio internacional.

Es así como se plantea para los usuarios de las zonas francas una tarifa del impuesto de renta del 25%. De ser aprobada, esta tarifa preferencial constituirá el verdadero factor diferenciador que quedaría en beneficio de estas empresas, frente a los demás contribuyentes ubicados en el resto del territorio nacional, dado que la eliminación del impuesto de remesas que propone el mismo proyecto beneficiará a la inversión extranjera independiente que se ubique o no en una Zona Franca.

Otros aspectos que integran este posible nuevo régimen de las zonas francas se relacionan con la adecuación de la norma del Estatuto Tributario que evita la doble tributación sociedad-socio, a la tarifa especial del 25%, y con el mantenimiento del trato fiscal de exportación a las ventas de materias primas, partes, insumos y bienes terminados desde el resto del territorio nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de las zonas francas.

En cuanto a las Zonas Especiales Económicas de Exportación establecidas en la Ley 677 de 2001, el proyecto las redefine como Zonas Especiales de Desarrollo Económico Regional, ZEDER, y establece la aplicación de las normas tributarias de los usuarios operadores e industriales de bienes o de servicios de las zonas francas, a los proyectos industriales que se desarrollen en dichas Zonas.

El proyecto también propone extender por dos años más el beneficio tributario de descontar el IVA pagado por adquirir o importar maquinaria industrial, que operaba hasta el 2005.

El segundo Proyecto de Ley pretende adoptar un conjunto de reglas que garanticen los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Tributaria, a más de transformar la figura del Defensor del Contribuyente.

En la actualidad el Defensor del Contribuyente existe como un funcionario más dentro de la planta de personal de la DIAN y posee un campo de acción limitado, pues carece de herramientas legales que le permitan realizar una gestión efectiva frente a los abusos que en ocasiones cometen algunos servidores públicos del ente rector de los tributos nacionales.

Dentro de la reestructuración propuesta vale la pena destacar la figura de la “Aclaración o Amparo”, que le permitiría al Defensor del Contribuyente, en virtud de petición del interesado, propiciar ante el Director General de la DIAN, un procedimiento de revisión de las providencias tributarias, aduaneras o cambiarias, cuando con ellas se haya incurrido en vulneración de los derechos y garantías del administrado fiscal.

Como la norma advierte que dicho procedimiento de revisión opera sin perjuicio de las demás acciones legales, en los debates que debe surtir el proyecto durante su trámite en el Congreso deberán introducirse los ajustes necesarios, que permitan hacer compatible esta nueva instancia de revisión con el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, a fin de evitar que puedan llegar a proferirse decisiones contradictorias.

Limitaciones Para Ser Retenedor

Gustavo Humberto Cote Peña
Ex-director General de la DIAN
Socio Director de Consultoría Tributaria de MBC Morison Consulting

La Retención en la Fuente constituye un mecanismo que permite facilitar, acelerar y asegurar el recaudo de los impuestos. Para que pueda operar en la práctica requiere de varios elementos: el agente de retención, el retenido, la base de retención y la tarifa. Este último elemento se encuentra relacionado con el concepto del pago o abono en cuenta, como ocurre en el impuesto sobre la Renta, o con la tarifa propiamente dicha del impuesto, como es el caso de otros tributos.

Teniendo en cuenta el excelente resultado recaudatorio que se logra a través de la retención en la fuente, el mecanismo presentóun auge inusitado en nuestro país durante la década de los 80 y comienzos de los 90 en el siglo pasado, hasta el punto de cubrir en la práctica la generalidad de los pagos o abonos en cuenta que generan el impuesto sobre la renta. Además de ello, la retención fue extendida a otros impuestos como son el Impuesto de Timbre y el IVA, a nivel nacional, y el Impuesto de Industria y Comercio en el orden distrital o municipal. En la actualidad es excepcional encontrar un pago o abono en cuenta excluido de retención.

El Estatuto Tributario, que regula los tributos administrados por la DIAN, otorga en forma general el carácter de agentes de retención o percepción a todas aquellas personas o entidades que, en razón de sus funciones, intervienen en actos u operaciones en los cuales por expresa disposición legal deben efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente.

Con la reforma adoptada mediante la Ley 223 de 1995, se incorporóla facultad para el Gobierno Nacional de asignar dicho carácter a aquellas personas que, aunque no intervengan directamente en la transacción que da lugar al impuesto objeto de retención, efectúan el pago o abono en cuenta a nombre o por cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores de la respectiva operación. Esta facultad es la que permite exigir a las entidades administradoras de tarjetas de crédito, que operen como retenedores por los ingresos que perciben los comerciantes que utilizan este instrumento de pago en sus negocios.

En el año 2000, la Ley 633, en el artículo 109, adicionólas normas reguladores del Impuesto de Timbre para incorporar como agentes de retención a los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramento, por los documentos sujetos al impuesto que obraran sin pago en los procesos y conciliaciones.

En Sentencia C-543 del 24 de mayo del año en curso, la Corte Constitucional se pronunciósobre el referido artículo 109, considerando que era inexequible por encontrarlo que contrariaba varios principios de la Constitución Política, entre otros, los de eficiencia, racionalidad, debido proceso, igualdad y justicia.

En relación con el principio de racionalidad la Corte recuerda “(..) que conforme al preámbulo y a los artículos 1, 2, 4, 6 y 13 de la Constitución Política, esta Corporación ha reconocido que el principio constitucional de razonabilidad, en tanto limite a la actividad del legislador, implica la exclusión de toda decisión que éste adopte y que resulte manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir, que se aparte por completo de los designios de la recta razón.”

Concordante con dicho principio estimóla Corte que el carácter de retenedor no puede recaer en una persona distinta del contribuyente sin que tenga algún tipo de participación en la operación, para ello expresó: “De lo expuesto es posible concluir que el legislador, al establecer como responsable del impuesto de timbre, a una persona distinta del contribuyente que actúa como agente retenedor, para acreditar el cumplimiento del principio constitucional de razonabilidad, debe asegurar que dicho individuo tenga algún tipo de participación en el acto que da origen al tributo, lo contrario, esto es, asignar dicha calidad sin que exista relación alguna con el hecho generador del gravamen, conduce a desnaturalizar dicha institución jurídica y a asignar una obligación tributaria carente de fundamento constitucional que la justifique (…)”

Corresponde a los estudiosos de estos temas impositivos, en especial a los funcionarios de la DIAN, el análisis sobre las normas actualmente vigentes que establecen la calidad de agentes de retención en la fuente por los diferentes conceptos, con el fin de identificar aquellos casos en los cuales se contraría este trascendental pronunciamiento y, por ello, las normas estarían igualmente viciadas de inconstitucionalidad y, así, pondrían en riesgo la recaudación tributaria.

Finalmente, estimo importante compartir otra consideración de la Corte expresada como fundamento en la Sentencia, que se refiere a que la norma demandada pretendía “(…) revivir la exigencia prevista en el artículo 540 del Estatuto Tributario, declarada inexequible mediante sentencia C-1714 de 200017, conforme a la cual se les prohibía a los funcionarios judiciales y administrativos aceptar como prueba documentos donde no obrara el pago del impuesto de timbre o de las sanciones y los intereses correspondientes.”

Así, la Corte Constitucional llama la atención a quienes tienen la responsabilidad de diseñar reformas tributarias, para que eviten incluir disposiciones que tiendan a revivir otras que han sido declaradas inexequibles, pues estarían destinadas a correr similar suerte.

FALACIAS DE LA REFORMA TRIBUTARIA

Artículo publicado en:Portafolio

El Ministro de Hacienda incluyó en el proyecto de reforma tributaria la recomendación de la Comisión de Expertos de bajar el nivel de ingresos para que las personas naturales presenten declaración de renta de $41.654.000 a $29.753.000, lo que implica 450.000 nuevos declarantes que perciben ingresos mensuales entre $2.479.000 y $3.471.000, y que, de ser aprobada, deberán empezar a cumplir con esta obligación a partir del año gravable 2018. Los argumentos a favor de la propuesta son: la tributación está concentrada en pocas personas y empresas, las nuevas declaraciones van a servir para obtener información para controlar y estos contribyentes van a pagar muy poco.

Tales fundamentos carecen de toda validez. El que sean pocas las personas naturales quienes soporten la tributación del impuesto de renta en Colombia no obedece a razón diferente a la amplia brecha social que existe. Un país en donde las cifras del mismo Gobierno reflejan la concentración de la riqueza en una forma tan inequitativa no puede reflejar en el ámbito de los impuestos una radiografía distinta. Frente al grueso de la población colombiana sólo un reducido número de personas cuenta con la capacidad económica suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y, de ellas, sólo una cantidad mínima puede hacerlo con holgura y margen suficiente para construir un patrimonio con comodidad.

Los formularios de declaración de renta no incluyen información desagregada. Por tanto, no es cierto que puedan proveer información para hacer algún control. Es más, la información que puedan llegar a incorporar, ya está recibida por la misma DIAN por cuanto quienes les realizan pagos, la entregan con la información exógena. Luego las nuevas declaraciones nada aportan en esta materia.

Sobre que van a pagar muy poco, es un hecho que tampoco corresponde a la realidad que se desprende del Proyecto de Ley. Como se puede observar en el Cuadro No.1, los nuevos declarantes que se ubiquen entre la nueva cifra que los obliga y los $4 millones, tendrán que asumir mayores impuestos que no pagan hoy, cubriendo valores que afectarán en forma importante sus limitados recursos.

Para los nuevos declarantes con ingresos mensuales de 3 millones de pesos, los nuevos impuestos a asumir resultarían equivalentes al valor de los tiquetes de dos trayectos diarios de Transmilenio durante 157 días. Tomando 20 días laborales/mes, con dicho dinero podrían cubrirse los desplazamientos durante casi 8 meses del año.

Este sólo ejemplo demuestra lo injusta e inequitativa que resulta la medida, que sumada al efecto directo del aumento de la tarifa del IVA del 16% al 19%, impactará en forma muy negativa en las finanzas del grueso de las familias colombianas de la clase media baja.

CUADRO No.1 MAYORES IMPUESTOS NUEVOS DECLARANTES

INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL 25% EXENTO Y 8% APORTES BASE GRAVABLE NUEVO IMP IMP ACTUAL DIFERENCIA
2.500.000 30.000.000 9.900.000 20.100.000 24.000 0 24.000
3.000.000 36.000.000 11.880.000 24.120.000 628.000 0 628.000
3.500.000 42.000.000 13.860.000 28.140.000 1.029.000 0 1.029.000
4.000.000 48.000.000 15.840.000 32.160.000 1.672.000 0 1.672.000
Fuente: Cuadro construido por el autor a partir del contenido de la reforma.

Su inconveniencia también obedece a una razón financiera desde el punto de vista del presupuesto del Estado. Al aplicar la nueva Tabla de Retenciones en la fuente propuestas en el proyecto para los asalariados, se observa que sus declaraciones van arrojar saldos a favor que van a ser objeto de solicitudes de devolución ante la DIAN (Ver Cuadro No.2).

Según declaraciones de la misma DIAN del 26 de septiembre pasado, el trámite de una devolución “le cuesta a la entidad $4’300.000: 1’800.000 en el trámite que hay que hacer en la división de recaudo, y 2’500.000, en la de fiscalización”. Luego el trámite de las devoluciones de los 450.000 nuevos declarantes le costarían al Estado la “bicoca” de $1,9 billones, suma que en época de vacas flacas no puede ser despreciable. Lo anterior, sin contar el costo derivado del hecho de no dedicar el tiempo que ocuparán estas devoluciones, a acciones de control más eficientes sobre sectores verdaderamente evasores de la sociedad colombiana.
Se justifica por el simple afán de pretender igualarnos con países de la OCDE asumir este costo? Realmente no se compadece con la balanza de la relación costo-beneficio, ni con la intención de hacer una reforma que se pretende estructural. La solución del grave problema fiscal de la Nación, está en las personas con altos ingresos, asunto que está afrontado con otras medidas contenidas en el Proyecto y en el control real a la evasión.
El Congreso de la República debería rechazar esta propuesta, al igual que cualquier modificación al IVA hoy existente sobre los bienes y servicios de la canasta familiar. En esta forma estaría protegiendo el bolsillo de las familias de la clase media colombiana.
CUADRONo.1 RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR

INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL 25% EXENTO Y APORTES MENS BASE MENS RET RETENCION ANUAL NUEVO IMP SALDO
2.500.000 30.000.000 825.000 1.675.000 214.000 24.000 -190.420
3.000.000 36.000.000 990.000 2.010.000 643.000 628.000 -14.665
3.500.000 42.000.000 1.155.000 2.345.000 1.035.000 1.029.000 -6.404
4.000.000 48.000.000 1.320.000 2.680.000 1.928.000 1.672.000 -255.994
Fuente: Cuadro construido por el autor a partir del contenido de la reforma

 

El juego impositivo del “es pero no es”

Artículo publicado en:Dinero

Las herramientas informáticas y los contenidos digitales tienen presencia en todas las actividades del hombre del siglo XXI. Su intervención se ha extendido en una forma tan inusitada, que hoy no se concibe nada, sin depender de ellos. Ya sea en el ámbito de los negocios, en el campo del entretenimiento, o simplemente en el de la interacción social con otros, nadie participa si no es a través de estos productos propios de los avances tecnológicos de los últimos años. Valga reconocer que, si bien colaboran a superar las dimensiones del tiempo y el espacio, han generado un aislamiento físico del individuo, en perjuicio del generalizado y beneficioso contacto personal de los seres humanos de otras épocas.
La mayoría de las personas no sólo no conocen, sino que tampoco tienen interés en saber como se elaboran estos bienes, mucho menos en enterarse sobre los ingredientes y elementos que llevan implícitos. Lo único que lo despierta en ellas son sus funcionalidades y usos y, naturalmente, sus costos. Por el contrario, estos aspectos si resultan especiales para quienes intervienen en su cadena de valor, buscando la protección de su utilidad neta y su presencia rentable en el mercado.
Con este objetivo, para sus productores e intermediarios también es indispensable identificar, entre otras cosas, el impacto que en ellos tienen Los impuestos. Sobre todo, cuando el desconocimiento de esta incidencia puede llevar no sólo a afectar el negocio, por sus secuelas en la rentabilidad, sino también la estabilidad financiera y subsistencia de una empresa, por el riesgo implícito que tiene el hecho de no cumplir en forma debida con las obligaciones que los rodean.
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Desde la óptica de los Estados y su interés de proteger la obtención de recursos para poder lograr sus fines, tampoco escapa la necesidad de establecer mecanismos que permitan involucrar en el ámbito de los tributos, a las novedosas actividades propias de la denominada “economía digital” y las derivadas de los avances de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
La reciente extensión del IVA a todos los servicios prestados desde el exterior, adoptada por la reforma tributaria de diciembre del año pasado, se justificó en la pretensión de abarcar estas nuevas formas de economía, que conllevaban algunos ajenos a la tributación. Al final, y a pesar de esa intención, la ley terminó excluyendo del tributo los siguientes: la educación virtual para el desarrollo de Contenidos Digitales, el suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos, así como la adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales.
Por tratarse de conceptos que involucran nociones de carácter técnico y especializado, para comprender en qué consisten, es importante dar claridad y certeza a los contribuyentes, ya sea por la vía de los conceptos legales o la de los decretos reglamentarios, sobre el correcto entendido de que “es” lo que se encuadra en las expresiones establecidas en la ley sometidas a la exclusión. Advirtiendo que no tiene justificación alguna que los funcionarios administrativos, pretendan restringir lo que claramente el legislador señaló como objeto de las concesiones fiscales.
En relación con el de la computación en la nube, en reciente concepto de la DIAN se transcribe la opinión técnica autorizada del MINTIC, sobre lo que “es”, señalando sus características esenciales, sus modelos de servicio y de implementación, los diferentes actores que intervienen en su prestación, y refiriéndolo a “…un conjunto compartido de recursos computacionales configurables (por ejemplo: redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios)”, lo que demanda considerarlo como un servicio complejo que comprende componentes que involucran otros y varios software que, por definición, deben ser tomados en su integridad para su articulación. Es decir, como una sola cosa y en conjunto, de forma que se someten al beneficio del desgravamen como un todo.
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No obstante lo anterior, es preocupante que los servidores públicos jueguen al “es pero no es” en detrimento de los dictados legales, pues al terminar su concepto la DIAN estima que los de “conectividad y transporte, como: redes y telecomunicaciones, ofrecidos por los operadores de nube, si bien son considerados fundamentales para la prestación del servicio de computación en la nube, éstos, no son considerados modelos de servicios de computación en la nube (SaaS, PaaS e laaS por sus siglas en ingles) … Por tanto, no se encuentran cubiertos por la exclusión…”
Realmente no se justifica el malabar interpretativo que hace la autoridad tributaria al pretender que elementos que son de la misma esencia de la estructuración del servicio, estén gravados con el tributo.
Resulta muy difícil entender que el servicio de computación en la nube pueda existir sin que el proveedor suministre las inter-fases necesarias con la plataforma informática mediante la cual lo presta (conectividad) y, mucho menos, que el mismo pueda “ser” sin incluir el software que permita que los datos viajen hasta ella (transporte) para someterse a los procesos automatizados y así posibilitar la obtención, conservación, disponibilidad, regreso y uso de la información resultante contratada por parte del usuario. La contundente realidad es que estos son inescindibles de aquél y, como tales, no pueden ser separados para tomarlos como sujetos al IVA, sin quebrantar la norma que los excluye como integrantes de un servicio único y especial.
gcote@globbal.co

 

Lecciones para futuras reformas

Artículo publicado en:Portafolio

Acaba de publicarse el texto de la Sentencia C-492/15, mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequible, de forma condicionada, el sistema Iman-Imas que fue adoptado en la reforma tributaria del 2012 para las personas naturales, denominadas ‘empleados’, precisando que la renta gravable liquidada bajo esta forma de determinación, podrá aminorarse, adicionalmente, con el 25 por ciento de las rentas percibidas.
La decisión conlleva cuatro conclusiones claras: 1. Aplica para todas las personas naturales que clasifican como ‘empleados’, ya sean asalariados o no. 2. El 25 por ciento a disminuir debe calcularse sobre los ingresos, una vez restados los valores de los conceptos a los que se refiere el Artículo 332 del Estatuto Tributario. 3. La aplicación de este nuevo factor de depuración empezará utilizarse en las declaraciones de renta del año gravable 2016, que se presentarán en el 2017.
El motivo esencial fue la transgresión de los límites aplicables a la potestad tributaria, producto del principio de “progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales”, y su consecuente “prohibición de regresividad”, derivados de los tratados internacionales suscritos por Colombia, que han permitido construir el criterio jurisprudencial, aplicable a estos derechos, de que no se puede “retroceder injustificadamente en los niveles de protección previamente obtenidos. En consecuencia, todo derecho económico, social y cultural lleva implícita una prohibición de regresividad injustificada”.
Esta camisa de fuerza, en opinión de la Corte, no es absoluta, pues las reformas a una institución tributaria que fue concebida para “… garantizar las necesidades básicas del ser humano –alimentarse, asearse, contar con educación, salud, vivienda y trabajo dignos”– es perfectamente válida, en la medida en que se reúnan dos condiciones: “(I) tener un mínimo de deliberación democrática específica en el seno del Congreso y (II) argumentos que justifiquen de forma suficiente la regresión”.
El anterior planteamiento ya había sustentado, en el 2003, la caída de la norma que modificó, de forma general, las exclusiones en IVA, por olvidar que estas se justifican en bienes de primera necesidad, dada la regresividad propia del carácter indirecto de este tributo.
La Sentencia hace un examen exhaustivo del trámite al que fue sometida la norma que contempló el sistema Iman-Imas, desde el momento en que fue propuesto el proyecto de ley por parte del señor Ministro de Hacienda, pasando por las ponencias presentadas en los diferentes debates en el Congreso de la República, hasta llegar al texto final conciliado y aprobado, encontrando que en ningún momento fueron cumplidas las dos condiciones mencionadas.
El Ministerio de Hacienda, la Dian y el Congreso, deben aprender de estos antecedentes, para que en la preparación de las reformas por venir, no se incurra en las deficiencias comentadas, y se respeten los parámetros constitucionales.
Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian

 

Proveedores ficticios: ¿de dónde surgen?

Artículo publicado en:Dinero

El documento publicado por la Dian denominado “Rendición de Cuentas–2017- Versión 1” que comprende la presentación de su gestión durante el período comprendido entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, advierte que el recaudo esperado para el 2017, es del orden de 142,1 billones de pesos, lo que representa una carga tributaria cercana a 15,5 puntos del PIB y un crecimiento frente a lo obtenido en el 2016 del 12,1%, incluyendo en esta cifra el impacto por las medidas adoptadas en la última reforma tributaria vigentes a partir del 1 de enero de 2017 y “…el esfuerzo institucional… de la gestión realizada para la recuperación de cartera, así como para combatir la evasión y el contrabando.”
Según el comunicado de prensa de la misma entidad del pasado 10 de octubre de 2017 sobre el comportamiento de los recursos tributarios, el acumulado en los primeros 9 meses del año alcanzó la suma de 108,7 billones de pesos, suma que implica un crecimiento del 6,8% respecto del mismo período del 2016. La cifra informada no es nada tranquilizadora, pues faltando sólo tres meses para que termine 2017, lo obtenido sólo alcanza a llegar a un 76,4% de la meta esperada.
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Si para comienzos de octubre sólo restaban unas pocas personas naturales por declarar y pagar impuesto de renta (solo los NIT terminados del 25 al 01) y que por los últimos meses del año no puede afirmarse que el comportamiento pueda ser similar al de los primero 9 meses, en los que se concentró el pago de este tributo por los grandes contribuyentes, las personas jurídicas y la mayoría de las demás personas naturales, es difícil aceptar que pueda superarse la meta fijada. Esta situación llevaría a la triste realidad de que sería difícil llegar a obtener un recaudo muy superior al del 2016.
No puede olvidarse que el monto de la evasión que sirvió de marco al debate de la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2016, fue estimado por el Ministerio de Hacienda para el IVA en el 23% y para renta en alrededor del 39%, sumando a este panorama una suma aproximada a los US$7 mil millones anuales por el contrabando.
El informe de gestión citado advierte los esfuerzos que se han venido adelantando, entre otros, en el campo de la fiscalización, e indica que el resultado del “plan de choque contra la evasión” en los primeros 9 meses del 2017, arrojó $2,96 billones frente a la meta fijada para estos meses de $2,4 billones. Estos logros no son nada despreciables, pero podrían ser más significativos.
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Son diversas las acciones de control en marcha reportadas por la administración tributaria. Entre ellas se incluye una específica que merece especial consideración, la que recae sobre “Operaciones con proveedores ficticios”, que contrasta con el informe publicado en su página web, con corte a septiembre de 2017, sobre las personas que han sido declaradas con ese calificativo. Lo reportado por la Dian en las 6 principales ciudades del país, que concentran la mayor parte de los contribuyentes, arroja un exiguo resultado en los últimos tres años. Del total de los tan sólo 52 actos administrativos proferidos, 45 corresponden a personas naturales y 6 a personas jurídicas. Y de ellos, se concentran en el año 2015 casi el 90% de los producidos, pues en el 2016 solo fueron 6 (5 en Bogotá y 1 en Pereira) incluyendo una sola persona jurídica, y en lo corrido del 2017 no se ha notificado ninguno.
La gravedad del comportamiento irregular que persigue este programa de control se puso en evidencia pública, en las recientes noticias de los medios que informaron de la acción conjunta de la Dian y la Fiscalía, sobre el comportamiento de algunos directivos de ciertas empresas que al parecer, ayudados por una oficina de abogados en Panamá, venían utilizando sociedades ubicadas en paraísos fiscales para soportar en sus declaraciones de renta gastos inexistentes en el exterior.
Por ello, se echa de menos que la Dian no haya incrementado su actuar fiscalizador en los últimos años para detectar un número mayor de proveedores ficticios. Sobre todo, cuando cuenta con las herramientas informáticas para generar los insumos necesarios que permitirían realizar una amplia actividad de detección de este tipo de conductas a lo largo y ancho del país, a través de procesos no sólo relacionados con el impuesto de renta sino, incluso, con el IVA.
Según el citado informe de rendición de cuentas, los inscritos en el RUT a agosto de 2017 alcanza la nada despreciable cifra de 14‘770.987 contribuyentes. De ellos, seguramente existe una cantidad importante de sociedades que no aparecen presentando declaración de renta por los últimos años. Si se realizara un cruce elemental de estos “reincidentes no declarantes” por varios años, con los datos reportados por las empresas en la “información exógena anual”, seguramente se identificarán que algunas de aquellas están soportando costos, gastos e impuestos descontables de éstas últimas. Y si se cumplieran las verificaciones necesarias, se podría establecer que, en muchos casos, los cruces no corresponden a operaciones reales.
Los limitados procesos de determinación oficial realizados a partir de supuestos como los aquí comentados, han confirmado que, las sociedades inactivas han venido siendo utilizadas por contadores inescrupulosos y empresarios irresponsables, que las han identificado como tales, para soportar transacciones irreales en declaraciones de IVA y de Renta. Esta realidad, sin lugar a dudas detectable a una mayor escala, debería estar en el orden del día de las prioridades a controlar por parte de la Dian. Sobre todo con el fin, no sólo de mejorar la recaudación, sino de establecer hasta donde se ha contado o no con la colaboración al interior de la institución, para la ubicación de dichas sociedades.
gcotep@yahoo.com

 

Evasión, reforma y credibilidad de la Dian

Artículo publicado en:Portafolio

Colombia presenta altos índices de evasión. La Comisión de Expertos Tributarios afirma que en el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas está cerca del 39 por ciento, y que, según el FMI, en el IVA se ubica alrededor del 40 por ciento.

A lo anterior se suma el contrabando, que de acuerdo con la Dian, se encuentra entre 6 y 7 mil millones de dólares anuales. Ahora que estamos a pocas semanas del momento en que el Gobierno Nacional concrete el proyecto de ley de reforma tributaria estructural, el panorama desolador descrito no puede ser ignorado por el Ministro de Hacienda, ni por los parlamentarios que tienen la responsabilidad conjunta de introducir modificaciones al sistema tributario, que, en opinión del señor Presidente, se caracteriza por ser “ineficiente, inequitativo, que estimula la evasión, la elusión y que es poco atractivo para los inversionistas, porque los que pagan sus impuestos acaban pagando demasiado”. Al diagnóstico expresado por quien desempeña el primer cargo de la nación, debe agregarse el caso de aquellos pocos colombianos que, a pesar de concentrar gran parte de la riqueza nacional y una significativa capacidad contributiva, no pagan nada al Estado, o lo hacen de forma mínima, jalonando al alza los porcentajes citados.

Dejar de lado esta realidad permite que haga carrera la indebida recomendación de los Expertos de incorporar a una buena cantidad de colombianos en la obligación de declarar y finalmente tributar en renta, no obstante que sus ingresos escasamente les alcanzan para suministrar los elementos básicos y esenciales para la subsistencia de sus familias. Esta población, que pertenece a la clase media, adicionalmente tendrá que asumir de manera inexorable el impacto negativo en sus bolsillos, que, con seguridad, derivará de los cambios en materia del IVA cuando adquieran los bienes y servicios, una vez rijan las nuevas tarifas ya anunciadas.

Si bien el proyecto pretenderá subsanar tales deficiencias con ajustes sustanciales a los tributos existentes, tampoco podrá desconocer los índices aquí recordados, para involucrar medidas que mejoren la eficiencia de control por parte la Dian, asignándole recursos adicionales para modernización tecnológica, fortalecimiento de sistemas informáticos, implantación de control efectivo a la corrupción interna, aumento del personal y su capacitación, así como para normalizar la vinculación de los empleados supernumerarios, que, por llevar muchos años sin formar parte de su planta de personal, tienen ya una experiencia adquirida que no puede despreciarse.

A pesar de sus limitados recursos humanos y técnicos actuales, la Dian hoy debería hacer un mejor esfuerzo para evitar las demoras en disponer de los sistemas específicos para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Este año se volvió a repetir la historia de periodos anteriores. Para los deberes en precios de transferencia, los validadores en su página de internet solo estuvieron listos dos días antes del primer vencimiento, y durante este día presentaron errores que impedían la presentación de las declaraciones informativas. Este proceder perjudica injustamente a los contribuyentes, los desestimula y, por la vía de la pérdida de credibilidad la entidad, beneficia la evasión fiscal. Si bien la reforma deberá ocuparse de los temas mencionados en beneficio de la entidad, debería igualmente establecer normas de garantía que permitan la prórroga automática de los plazos de cumplimiento por 15 días hábiles, cuando los sistemas de la Dian no estén listos, al menos con tres meses de anterioridad a la primera fecha de vencimiento de los respectivos plazos.

Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcotep@yahoo.com